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En el último año, ocurrieron las mayores agresiones contra los líderes de derechos humanos. En Antioquia, el segundo departamento con más afectaciones en el país, el 60 por ciento de las amenazas fueron individuales: 282 contra hombres, 121 contra mujeres, tres contra defensores de la población Lgtbi.
El vocero de la ONG Nodo Antioquia, Óscar Yesid Zapata, confirmó que 36 núcleos familiares de líderes fueron desplazados forzosamente de sus territorios y obligados a abandonar sus labores por temor a perder la vida.
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Solo en Antioquia, el año anterior asesinaron a 31 líderes sociales, trece de ellos en el Bajo Cauca donde se recrudeció la violencia por el accionar violento del Clan del Golfo y los Caparrapos.
Intervención internacional
En el día de la víctima de Crímenes de Estado, Movice, el movimiento que las agrupa y otras organizaciones sociales, enviaron una carta a Naciones Unidas para que le exija al gobierno de Colombia, el cumplimiento del Acuerdo de La Habana y de los compromisos internacionales a los que está obligado.
El Movice solicitó la intervención de la comunidad internacional, al asegurar que no hay voluntad política del presidente Iván Duque para sancionar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cuyo plazo vence el 11 de marzo próximo.
Alexander Castro, vocero del Movice, explicó que las medidas que ha promovido el Estado, no garantizan la protección de los líderes sociales y por el contrario, profundizan los riesgos que enfrentan.
También denunció que en los primeros meses del gobierno han sido asesinados 120 líderes sociales en el país y no hay avances en las investigaciones para capturar a los responsables de la violencia sistemática contra estos defensores de derechos humanos.
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