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La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas instalaron la Comisión de Monitoreo y Seguimiento de la Ley de Víctimas.
En la primera sesión, los integrantes de la Comisión fijaron el plan de trabajo del año 2016, cuyo resultado dará lugar al informe anual de seguimiento a la política pública de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
Dicho informe será presentado al Congreso de la República el próximo mes de agosto.
La Comisión se ha propuesto evaluar los temas de restitución de tierras, generación de ingresos, vivienda, prevención y protección, participación efectiva de las víctimas, corresponsabilidad y seguimiento presupuestal.
Esta evaluación incluirá el seguimiento a las 146 recomendaciones que ha hecho la Comisión, en sus dos informes anteriores. Por ejemplo, en el informe entregado en 2015, la comisión de monitoreo y seguimiento de la Ley de víctimas estimó un faltante de $33,6 billones para garantizar los derechos a la indemnización y a la vivienda consagrados por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Indicó, además que, desde hace 5 años, la apropiación de recursos para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, es cercana al 2% del Presupuesto General de la Nación.
Por esta razón, la Comisión ha insistido en la necesidad de actualizar el plan financiero que acompaña la Ley 1448 del 2011, a la luz del universo actual de víctimas y los costos reales de las medidas de asistencia, atención y reparación integral.
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