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La Defensoría del Pueblo alertó sobre un daño ambiental generado por la acumulación de escombros que deja el proceso de reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, afectadas por el paso del huracán Iota, en noviembre del 2020.
A ello se suma la cantidad de basuras y residuos orgánicos en diferentes puntos de las islas. Según la entidad, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina incumplieron la orden de la Corte Constitucional sobre el cierre definitivo de terrenos utilizados para acopio temporal de escombros.
“En el seguimiento que le estamos haciendo a la reconstrucción de las islas de Providencia y Santa Catalina, evidenciamos cómo lo que está sucediendo se está convirtiendo en una problemática ambiental. Por tal razón, le solicitamos al Gobierno Nacional y la Alcaldía local acatar la Sentencia T-333 de 2022 de la honorable Corte Constitucional, que ordena el cierre definitivo de los terrenos utilizados para acopio temporal de residuos, producto de la emergencia”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
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En agosto del 2023, el Tribunal Contencioso Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina acogió la medida cautelar solicitada en la acción popular interpuesta por la Procuraduría, por lo que ordenó a la Unidad de Gestión del Riesgo a iniciar de inmediato la evacuación de residuos sólidos generados por la embestida de Iota, cumpliendo con los requisitos técnicos y realizando una planificación adecuada.
Sin embargo, luego de más de 90 días de la orden, las áreas afectadas se están convirtiendo en botaderos a cielo abierto debido a la falta de gestión, manejo y disposición adecuada de los residuos, causando contaminación ambiental, daño a los ecosistemas y problemas de salud pública por la proliferación de vectores. Los isleños dicen sentirse inundados de basuras.
Por ello, el defensor del Pueblo hace un llamado a todas las entidades de los niveles nacional, departamental y municipal para que unan esfuerzos, articulen acciones y logren la evacuación pronta y total de los agentes contaminantes que afectan el derecho a un ambiente sano tanto de raizales y habitantes de las islas como de turistas.
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“En la reciente visita a los territorios afectados, durante la primera semana de marzo, nuestros funcionarios de la Defensoría constataron la grave afectación socioambiental generada por la acumulación de residuos y basuras en las islas, es decir, el incumplimiento de las órdenes”, manifestó Camargo.
Otra preocupación es que las próximas semanas iniciará un nuevo proyecto de construcción de aproximadamente 100 viviendas, por lo que es fundamental que exista una adecuada disposición de los residuos en el desarrollo de las obras.
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