Monumentos a la impunidad

Según el tribunal, este mecanismo dejó al menos 21.396 víctimas registradas. La resolución estableció la imposición de la Sanción Propia máxima, equivalente a ocho años, que deberá cumplirse mediante trabajos, obras y actividades de carácter restaurativo orientados a las comunidades y a las víctimas.

Los comparecientes incluidos en la decisión son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

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Editorial de Juan Lozano tras el fallo de la JEP

Se profirió por fin, después de años de absoluta impunidad, la primera sentencia de la JEP. He escuchado algunas voces que afirman que es una sentencia que el mundo entero va a mirar, que es histórica, que marca un antes y un después en la historia del derecho y del conflicto en Colombia. Y sí, tiene una gran importancia porque, después de tantos años, finalmente hay una sentencia. Es un modelo particular, pero debo ser absolutamente franco con los oyentes en relación con una convicción que hemos sostenido durante muchos años: lo que se demuestra es que hubo una gran infamia que sigue impune.

El magistrado ponente y la JEP han hecho lo que podían, dentro del marco que se les impuso en Colombia. Pero, ¿cómo se estableció ese marco? Después de que el pueblo colombiano, a través del instrumento legítimo de participación que se había definido para este propósito, dijo que no estaba de acuerdo. El Congreso de la República, en una usurpación de la atribución del constituyente primario y del pueblo, mediante un pupitrazo que ni siquiera cumplió el trámite de una ley, decidió validar un acuerdo que, en esencia, era el mismo de antes, con algunos ajustes y modificaciones. Luego, la Corte Constitucional avaló esa usurpación, lo cual significó que el Congreso sustituyera la voluntad del pueblo colombiano, que ya había expresado su rechazo a este modelo.

Sin embargo, la Corte Constitucional, en una sentencia muy polémica, tomó la decisión de aceptar que el pupitrazo del Congreso valiera más que la voluntad del pueblo. Así quedó conformado este escenario, que le dio a la JEP las herramientas y el marco de actuación. De manera que lo ocurrido ayer no es culpa del magistrado Suárez. Tal vez la JEP se demoró demasiado, pero el problema de fondo es que la voluntad popular fue sustituida por un pupitrazo del Congreso y avalada por un fallo cuestionable de la Corte Constitucional.

Como los fallos de la Corte deben respetarse, esa es la regla en el Estado de derecho, esta es la cancha de juego. El magistrado y la JEP decidieron imponer una sentencia que, a la luz de las normas aprobadas por la Corte, es la más alta posible. Pero, al observarla en contexto, surge la pregunta: ¿estamos hoy mejor que antes del acuerdo de paz? Dolorosamente, la respuesta es no.

Colombia hoy es un océano de cultivos ilícitos. Lo hemos hablado en los últimos días sobre lo que esto implica. Entonces, ¿hubo paz? No, no la hubo. Basta con mirar lo que ocurre en el Cauca cada mañana para saber si la situación en los territorios está mejor que antes de firmar el acuerdo.

Más allá, uno se pregunta: ¿valieron la pena estos siete años de impunidad porque las FARC repararon a sus víctimas? No. ¿Porque entregaron todos sus bienes? No. ¿Porque se desmovilizó toda la guerrilla? No. Ahí están, cometiendo nuevamente hechos de terror como los de años pasados.

Debe decirse, con pleno acatamiento al Estado de derecho: se respeta esta sentencia de la JEP y que los magistrados actúen en el marco aprobado por la Corte Constitucional, aunque, en mi opinión, fue un fallo equivocado. Esto es lo que tenemos.

Hacia adelante, hay que insistir en recuperar la seguridad, aprender las lecciones y luchar contra el narcotráfico, porque el combustible del conflicto sigue intacto. Y también revisar si efectivamente este proceso tiene punto final en la jurisdicción universal. ¿Por qué? Porque los crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros del secretariado de las FARC son imprescriptibles.

La jurisdicción universal, el Estatuto de Roma, se creó para casos en los que las instituciones de un país bloqueaban la administración de justicia. Bloquear la justicia no es solo negarla, también es expedir sentencias que dejen impunes crímenes de lesa humanidad, como ha ocurrido aquí.

Se dirá que esto ya quedó sellado por la Corte Constitucional. Pero no ha quedado cerrado ante la jurisdicción universal, porque en Colombia, después de este fallo, persisten crímenes de lesa humanidad impunes. Y frente a esa impunidad no basta con la justicia transicional.

Por lo pronto, acatamiento al Estado de derecho, respeto a las instituciones y constancia de la indignación que produce confirmar que el balance de la justicia colombiana es la impunidad total de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Y la tristeza de constatar que, después del acuerdo firmado con las FARC, Colombia está peor en materia de cultivos ilícitos, peor en seguridad en los territorios y que la reparación se ha hecho con los impuestos de los ciudadanos, y no con los bienes de una organización narcoterrorista que no entregó todo su patrimonio ni ha reparado a sus víctimas.