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La cúpula de la extinta guerrilla Farc fue sentenciada por primera vez este martes, casi una década después de firmar la paz, a ocho años de trabajos y otras penas alternativas a la cárcel por más de 21.000 secuestros en Colombia.
La sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los integrantes del último mando de las Farc, incluido su máximo jefe, Rodrigo Londoño, contempla penas alternativas de ocho años de "restricción efectiva de sus derechos" como "máximos responsables de la política criminal de secuestro" de esa guerrilla durante el conflicto armado colombiano.
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"Esta decisión implica que los siete integrantes del último secretariado de las FARC... sean declarados penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra consistentes en toma de rehenes y homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas", señaló la sentencia leída por el magistrado Camilo Suárez.
No obstante, se conoció que la primera sentencia de sanción propia y trabajos restaurativos impuesta por la JEP por 21 mil secuestros contempla que los exjefes de las Farc sí podrán seguir participando en política, y estarán bajo un monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico similar a un celular.
Para la JEP, en la ley no existe un impedimento o inhabilidad para que los siete exjefes de las Farc condenados a la máxima sanción puedan seguir participando en política, pese a esta sentencia.
En la lectura de la sentencia, el magistrado Suárez señaló que las normas desarrolladas alrededor del acuerdo de paz “no inhabilita en sí misma la participación en política. Bajo este arreglo, la reincorporación política social de los excombatientes se articula con la centralidad de los derechos de las víctimas, con la finalidad de la reconciliación y la ampliación democrática y no repetición”.
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Añadió que, “en consecuencia, la participación y sanción no se excluyen, se integran como un diseño constitucional legal dirigido a la paz total y duradera (…) La habilitación para participar (en política) no es un privilegio indebido, sino una prerrogativa transicional orientada a profundizar la democracia y superar las causas estructurales del conflicto”.
La sentencia
Siete exjefes guerrilleros condenados, entre ellos 'Timochenko', en adelante tendrán restricciones a la movilidad y deberán hacer actividades para dignificar a las víctimas como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado en los territorios en los que operaron.
Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la otrora guerrilla más poderosa del continente, y el entonces gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró victimarios a los excomandantantes del llamado 'Secretariado' del secuestro de 21.396 personas antes de dejar las armas para convertirse en partido político.
Las investigaciones "mostraron que el secuestro se volvió una práctica sistemática, porque quedó claro que los crímenes no solo violaron la ley, dejaron heridas abiertas que persisten en las familias, en los territorios, en la vida cotidiana del país", dijo un magistrado ante la prensa en Bogotá en ausencia de los excomandantes rebeldes, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos en 2022.
El tribunal tardó más de siete años en dictar su primera sentencia, en medio de críticas de los detractores del acuerdo de paz por su supuesta laxitud con los rebeldes, que también están imputados por otros crímenes de lesa humanidad como reclutamiento de menores.
Tres patrones de secuestro
Para sancionar a los últimos jefes de las Farc, la JEP documentó "tres patrones principales", el primero de los cuales fue "privar de la libertad a civiles para obtener recursos económicos mediante el pago de rescates".
Los otros dos fueron "retener a miembros de la fuerza pública y a líderes políticos con el propósito de forzar canjes de prisioneros y buscar un reconocimiento político", y "utilizar el secuestro como instrumento de control social y territorial en diferentes regiones del país".
"Estos patrones fueron ejecutados bajo la dirección del secretariado (mando) de las Farc con amplia autonomía, con mandos regionales, lo que generó un impacto masivo y prolongado en la población civil, es decir, un fenómeno de macrovictimización", agregó el magistrado.
Para la JEP, durante las investigaciones se acreditó además "que las personas cautivas fueron sometidas a tratos crueles, degradantes, inhumanos, tales como encadenamientos permanentes, marchas forzadas, agresiones físicas, psicológicas, privaciones de salud, alimentación y condiciones indignas, así como casos de violencia sexual".
"Respetadas víctimas, esta sentencia no les devolverá todo lo que perdieron. No podrá cambiar un pasado doloroso ni recuperar el tiempo perdido ni sanar por completo sus profundas heridas. Ninguna sentencia en el mundo podría hacerlo. Pero sí busca aliviar su dolor y el de sus familias", manifestó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.
