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La ministra de Cultura, Carmen Vásquez, anunció que tras un proceso técnico de evaluación "y una orden policiva", se ordenó la demolición del edificio Aquarela en Cartagena, después de indentificar graves fallas en su estructura.
Según la funcionaria, lugo de casi tres años "podemos darle un parte a los ciudadanos sobre este conjunto amurallado en Cartagena, que es patrimonio de todos los colombianos y que está considerado como uno de los más conservados de América".
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Indicó que "el edificio Aquarela afecta el valor único excepcional que ameritó la inscripción (de las murallas de Cartagena) en la lista de patrimonio mundial de la Unesco, además también teníamos presente que la reglamentación que define la zona de influencia del centro histórico de Cartagena, tenía más de 20 años y se solicitó la actualización de la reglamentación".
Antes de tomarse esta decisión, la ministra explicó que se ordenó a los constructores del edificio Aquarela restuituir el espacio público que estaba siendo invadido en el lugar, como una de las tantas medidas que tuvo este proceso antes de su determinación final conocida este miércoles.
Explicó que la decisión se tomó teniendo en cuenta el concepto emitido por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, al aclarar "que es un organo asesor del Gobierno".
Por tanto,"el resultado del estudio indica que la estructura licenciada no cumple con los parámetros de la norma NRS10 toda vez que se encuentran diferencias en los resultados de las cargas sísmicas, cimentación, muros estructurales, resistencia al fuego y de lo anterior su comportamiento frente al mismo no es suficiente para soportar la solicitación de carga de la estructura", dijo la ministra Vásquez.
Según este concepto, la edificación "no estaría en capacidad de resistir el sismo de diseño según el reglamento NRS10", por tanto, "este estudio nos entrega los elementos técnicos para que las autoridades distritales procedan a ejecutar las ordenes impartidas en el proceso policivo sancionatorio y procedan a demoler el edificio Aquarela".
Asimismo la ministra Carmen Vásquez dijo que esta decisión se convierte en la única opción recomendable para restituir el espacio público "y lo más importante de todo, asegurar la integridad física de las personas que de buena fe compraron un apartamento en este inmueble".
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Por su parte el procurador Fernando Carrillo habló de la necesidad de cumplir con las decisiones policivas, judiciales y técnicas sobre la inviabilidad del edificio.
Carrillo reiteró que la decisión es fundamental para evitar hechos como el sucedido en el 2017 con el edificio Portal de Blas de Lezo II que dejó 21 muertos y 22 heridos tras su desplome.
“La mayoría de los muertos fueron inmigrantes y fue una noticia que estremeció a Cartagena y Colombia y de ahí destapamos una maraña de acciones de ilegalidad”, dijo.
El procurador dijo que el estudio técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre la viabilidad del edificio concluyó irregularidades en su construcción que podría poner en riesgo la vida de sus habitantes.
“Había una violación del plan de ordenamiento territorial con la altura establecida para su construcción (…) violaciones con el uso del espacio público y se evidencian graves fallas estructurales que no se conocían”, dijo Carrillo.
Según Carrillo, la torre no resiste cambios de diseño para restablecer los 619 metros cuadrados de espacio público que ocupa y le hace falta cerca de 30% de rigidez global y más de 90% de resistencia en muros para cumplir las normas “esto se esta convirtiendo en un problema de seguridad para los ciudadanos de Cartagena y por eso la orden que ya fue notificada al alcalde de Cartagena”
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