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"Tapar un hueco para abrir otro", así han calificado algunos ciudadanos la única estrategia tangible que tienen por ahora las autoridades para solucionar el drama humanitario de 743 personas sindicadas de diferentes delitos que están hacinadas en las estaciones de Policía, sumadas a otras 73 que permanecen en el búnker de la Fiscalía.
La polémica estrategia es desalojar a las mujeres que están recluidas en la cárcel El Pedregal de Medellín y trasladarlas a los centros penitenciarios de municipios más alejados como Yarumal y Puerto Triunfo. El alcalde Federico Gutiérrez explicó que si se desaloja el pabellón de mujeres, a este lugar serían llevadas las personas hacinadas en los sitios de paso de la Policía y la Fiscalía.
"Lo cierto es que nos tienen que dar una mano en el país porque los operativos tienen que continuar, hoy tenemos 150 policías dedicados a cuidar a estas personas sindicadas, son 150 policías que deberían estar en las calles de la ciudad evitando atracos y otros delitos", afirmó el alcalde.
Luego de conocer el posible traslado de las mujeres a las cárceles municipales, algunos familiares de las reclusas manifestaron que no cuentan con los recursos económicos necesarios para pagar los gastos de transporte, alojamiento y alimentación que supone ir a visitarlas.
Según las autoridades, Medellín es la ciudad más afectada por la crisis carcelaria que afronta el país. Desde hace cuatro días, los guardianes del INPEC no permiten el ingreso de más reclusos, estrategia que adoptaron para exigir soluciones prontas para el hacinamiento de hasta un 600 por ciento que se registra en algunas de las 10 cárceles de Antioquia.
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