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El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, calificó con un “dos” sobre cinco la gestión del Gobierno de Gustavo Petro en el sector minero. Según Nariño, esta calificación se debe a que el Gobierno ha promovido el paquete regulatorio “más ambicioso que cualquier otro en la historia reciente del país”, lo cual ha generado un entorno de alta incertidumbre y restricción para la actividad minera.
“Todos los decretos buscan restringir, volver más difícil la actividad minera”, señaló Nariño, quien explicó que estas medidas no solo aumentan la complejidad operativa, sino que también incorporan discursos históricos con connotación negativa hacia la minería. Aseguró que esa narrativa se ha traducido en “un enorme señalamiento público, más impuestos y mayores dificultades”.
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El dirigente gremial explicó que como consecuencia de este entorno regulatorio, varias compañías han anunciado reducciones de hasta el 50% en su producción. Adicionalmente, sostuvo que el país perdió la oportunidad de beneficiarse del “boom de materias primas” derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania y de la inestabilidad en Medio Oriente.
¿Qué consecuencias ha tenido la falta de un plan concreto de transición energética?
Nariño afirmó que durante los tres años de este Gobierno ha existido conversación sobre la transición energética, pero ningún plan concreto para implementarla. “Es una enorme irresponsabilidad”, dijo, al argumentar que una transición real requeriría de recursos, que podrían provenir del mismo sector minero-energético.
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Sobre la carga tributaria, aseguró que el sector ha contribuido significativamente a las finanzas públicas. “Solo en 2022 y 2023, el sector minero aportó 35 billones de pesos en impuestos y regalías”, una cifra similar a la de los 10 años anteriores. A su juicio, estos recursos podrían utilizarse para implementar una transición estructurada.
El presidente del gremio también señaló la falta de alternativas para las regiones dependientes de la minería. Mencionó el caso del municipio de El Paso, en Cesar, donde “la transición fue inmediata, sin alternativas para el empleo”. En su opinión, esto ha generado protestas como las vistas recientemente en Boyacá.
Frente a los permisos ambientales, sostuvo que deben mantenerse reglas claras, exigentes y transparentes, pero cuestionó el uso político e ideológico de las instituciones ambientales. “Debemos tener instituciones más técnicas, sobre todo en el ámbito ambiental”, enfatizó.
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Consultado sobre el potencial de Colombia en tierras raras y cobre, Nariño aseguró que el país dispone de recursos significativos, pero que solo el 2,7% del territorio ha sido explorado. “No conocemos la riqueza mineral que tenemos en el 97% del territorio”, afirmó. Reiteró que es necesario pasar del orgullo por el potencial geológico a tener certeza mediante exploración e inversión, como lo hacen países como Japón, Noruega, Chile y Perú.
Finalmente, Nariño concluyó que la industria minera ha sido afectada por decisiones políticas que deberían ser técnicas y estratégicas. “La industria ha padecido el uso político sobre decisiones de largo plazo”, advirtió.
