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En una votación unánime,el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidió ampliar hasta el 31 de octubre de 2021 el mandato de la Misión de Verificación, liderada por Carlos Ruiz Massieu, con la principal tarea de apoyar la verificación del cumplimiento y la implementación de las sentencias emitidas por la JEP a quienes han reconocido la verdad detallada y completa, y la responsabilidad de hechos perpetrados en el marco del conflicto armado ante la Sala Judicial de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conducta.
La Resolución adoptada indica que, con la coordinación de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, en cabeza de Emilio Archila, se debe lograr que estas sanciones estén alineadas con la implementación integral del Acuerdo, en particular con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
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Ante el Consejo de Seguridad, Colombia, representado por el Embajador Guillermo Fernández de Soto, señaló que "los resultados de los mecanismos de justicia transicional, en el marco de una política de paz con legalidad que se encuentra a lo largo del plan de desarrollo, contribuirán a una paz sostenible".
La Resolución se ha emitido luego de que se recibiera una carta con fecha del 13 de enero de 2021 enviada por el Presidente Iván Duqueen la que "solicitaba que se añadiera al mandato de la Misión de Verificación la tarea de verificar el cumplimiento de las sanciones denominadas propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, tal como se prevé en el Acuerdo Final, y tomando nota de la función de coordinación que desempeñará la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación".
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Dice el Consejo de Seguridad que "las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado", como se ordena en el Acuerdo de Paz.
