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Un fuerte llamado de atención hizo la Corte Suprema de Justicia a los policías de tránsito del país en el sentido de abstenerse a pedir dinero a los ciudadanos que cometen infracciones de tránsito o necesitan algún tramite con su vehículo.
“El fin de la policía Nacional (…) asegurar que los habitantes de la República gocen de las condiciones requeridas para convivir en paz; propósito imposible si los servidores públicos [en especial los adscritos a esa Entidad que en el imaginario colectivo representa la idea de seguridad y protección], afectan el patrimonio de los ciudadanos”, dijo la Corte.
Ese llamado se dio en medio de la condena a un patrullero de tránsito del Huila quien pidió 100 mil pesos para agilizar el tramite de entrega de un bus intermunicipal que estaba en patios tras un accidente de tránsito.
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Los hechos ocurrieron en el 2012 cuando el coordinador de la empresa administradora del bus contacto al patrullero adscrito a la sección de Tránsito y Transporte del Huila, a fin de que colaborara en el trámite de entrega provisional del vehículo ya que lo necesitaba para trabajar.
Según los hechos, el patrullero se contactó con, “el conductor del bus, a quien, estando a solas, le pidió cien mil pesos para adelantar con agilidad el peritaje oficial requerido a los efectos del trámite de entrega”.
Para la Corte, el uniformado incurrió en un delito pues estando de servicio y portando el uniforme, solicitó la suma de dinero a fin de tramitar con celeridad la entrega del bus inmovilizado previamente.
“Esa petición monetaria la fundamentó en el desempeño expedito de una de sus funciones concretamente la elaboración del peritaje al referido automotor, careciendo en ese momento de la respectiva autorización”, dijo la Corte.
En la sentencia el Alto Tribunal advirtió que al uniformado aprovechó su cargo y el uniforme para solicitar el dinero.
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“No admiten explicación diferente al afán que le asistía de hacerse con el dinero que finalmente le solicitó al denunciante Sánchez Charry, de quien sabía, además, requería con urgencia la entrega del vehículo por cuanto se trataba del bus de transporte interdepartamental de personas que constituía su fuente permanente de ingresos”, se lee en el fallo.
