Condenados a 9 años y 7 meses de prisión por caso de comisionista de bolsa Torres Cortes S.A.

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La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema, los acusó de actos abusivos y fraudulentos en beneficio de los accionistas y terceros de la entidad comisionista.

El Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, condenó a 9 años y 7 meses de prisión a Diana Marcela Delgadillo Murcia como responsable de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, en concurso con la no devolución de dinero, estafa agravada en modalidad de masa, administración desleal, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y concierto para delinquir.

De la misma manera fue sentenciado a 9 años y 2 meses a Juan Carlos Junca León, autor de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, en concurso con no devolución de dinero, estafa agravada en modalidad masa, administración desleal y concierto para delinquir.

Esta sentencia también fue proferida por ofrecer negocios financieros propios del sistema de crédito y no de los que le fueron autorizados por la Superintendencia Financiera.

Delgadillo Murcia, incurrió en estos delitos cuando se desempeñaba como gerente administrativa y jurídica, junto con su esposo, el señor Junca León, en calidad de trader comercial desde la comisionista Torres Cortés S.A.

“Atraían al cliente como referenciado por otra persona y ofrecían operaciones a cargo de directivos como en este caso, en el que los sentenciados convencían a los inversores para que consignaran dinero a bajo riesgo a cambio de altos intereses y tasas de cambio con porcentajes hasta el 19 por ciento sin una explicación razonable”, indicó la fiscalía que adelantó la investigación.

Agregó que “apoyaban operaciones no permitidas, expedían títulos valores y firmaban cheques, todo como parte de un esquema ilícito concertado con la fachada de la sociedad comisionista Torres Cortes S.A.” .

El ente acusador, indicó además, que estos funcionarios inducían a los otros directivos a cometer esta clase de delitos y a recibir el dinero producto del ilícito.

Por estos hechos y cargos aceptados ante la delegada de la Fiscalía y el juzgado de conocimiento, los procesados fueron beneficiados con un descuento de hasta el 50 por ciento de la pena.