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Representantes de organizaciones civiles en Colombia aseguraron este martes, en una audiencia de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el Estado no ha implementado las recomendaciones que hizo el organismo internacional tras haber confirmado violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional que inició el pasado 28 abril.
Más de 20 organizaciones civiles presentaron cifras sobre la situación del país tras la visita de la CIDH en junio, y pidieron que se instale un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que la Comisión le hizo al Estado para evitar más violaciones a los derechos humanos.
Luis Carlos Montenegro, de la campaña defender la libertad, asunto de todas, aseguró que "luego de la visita de la CIDH, más de cuatro misiones internacionales han dado cuenta de la gravedad y continuidad de las violaciones a los derechos humanos en entornos de protestas sociales; así es como entre el 28 de abril al 28 de septiembre, se han presentado cuando menos 7.394 violaciones a derechos humanos".
Pero, según Montenegro, las cifras que mas preocupan son las presentadas por la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, que habría comunicado a las autoridades colombianas la desaparición de "820 personas; al día de hoy se desconoce la situación de 312 de ellas".
El colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que trabaja en defensa de derechos humanos en el país, señaló que el mecanismo de seguimiento es prioritario y que este debe garantizar la participación de la sociedad civil en todas la etapas de su diseño, construcción, metodología e implementación, pero también que todos los datos recopilados sean públicos. El colectivo pidió visitas periódicas de esa Comisión al país y que se impulsen reuniones con el Estado.
El viceministro encargado de asuntos multilaterales, Carlos Morales, también participó en la audiencia. Allí expresó su desacuerdo con el establecimiento del mecanismo de seguimiento.
Dijo que "en el contexto de la protesta social, un mecanismo especial de seguimiento no resulta un método pertinente para el Estado para seguir profundizando una relación de cooperación para ahondar aun mas en el trabajo que ya realiza el país en términos de prevención de violaciones de derechos humanos en estos contextos de reuniones o manifestaciones pacíficas".
Pero también dijo que el Estado colombiano sí está teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión. "Prueba de ello son los ejercicios de diálogo adelantados desde el ministerio del Interior con distintos actores de las manifestaciones, así como la promoción de espacios de escucha que han permitido llegar a numerosos acuerdos, como la protección de grupos en situación de vulnerabilidad", señaló Morales.
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La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, concluyó la audiencia reiterando la principal preocupación de la Comisión sobre las diferencias en las cifras y registros sobre víctimas de violaciones.
"Por ejemplo, respecto a personas fallecidas, la Fiscalía ha señalado 29 personas fallecidas, las organizaciones de la sociedad civil 87, y me parece fundamental la necesidad de seguir trabajando en uniformar los criterios para poder establecer quienes son victimas de las distintas violaciones a los derechos humanos, y ahí la importancia de un diálogo y una articulación entre el Estado y las organizaciones".
En esta audiencia participaron también la Defensoría del Pueblo, la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU, y varias organizaciones de la sociedad civil.
