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El Comité Ambiental en Defensa de la Vida en el Tolima, así como habitantes de Ataco y otros municipios del sur del departamento, estudian las opciones jurídicas para revocar la licencia que le fue otorgada a la Sociedad Agregados Ingecol y Construcciones S.A.S. para la exploración y explotación de oro a cielo abierto, en inmediaciones del río Saldaña.
El permiso que entregó la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) en diciembre de 2019, autoriza la intervención de la compañía en una extensión de 374 hectáreas y 151 metros cuadrados.
El proyecto, que tiene una vida útil de aproximadamente 25 años, busca aprovechar un yacimiento de minerales de oro y sus concentrados, específicamente en las veredas Ambulo y Balsillas, en los municipios de Ataco y Chaparral, respectivamente.
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Renzo García, diputado del Tolima y cofundador del Comité Ambiental, aseguró que en este caso se vulneraron los derechos de la comunidad del sur del departamento, ya que no se les socializó previamente ni se les consultó su postura acerca de la explotación de los recursos naturales de su territorio.
“No contó con la participación de la ciudadanía, aquí se violentó un derecho fundamental que tiene un carácter constitucional. Esta licencia se entregó en diciembre cuando la gente está en fiestas navideñas pensando en cualquier cosa menos en lo que está ocurriendo y eso quita posibilidades para defender el ambiente sano”, expresó García.
Consideró que Cortolima “está actuando incoherentemente porque unos años atrás generó una cantidad de argumentos técnicos, científicos y jurídicos con los que rechazaba un proyecto similar y mejor estructurado porque se encontraba en la zona de cota máxima del río y se afectaba el tema hidrológico”.
Por su parte, Elmer Gómez, gerente de la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Gran Escala del río Saldaña (Usosaldaña), la cual surte a las zonas productoras principalmente de arroz y ganado en los municipios de Coyaima, Saldaña y Purificación, aseguró que esta iniciativa es negativa.
“La cantidad de recurso hídrico se afectará porque se está interviniendo la cuenca del río. El lavado que se hace para la extracción de oro deja un lodo que va a parar aguas abajo a nuestros cultivos y acueductos. También los productos químicos llegarán al río”, afirmó.
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Para Gómez, son cerca de 200 mil habitantes de Ataco, Coyaima, Natagaima, Chaparral, Saldaña y Purificación los que podrían verse perjudicados.
Por este motivo, se busca presentar una solicitud de nulidad ante Cortolima para que suspenda los trabajos de la compañía. También se contemplan otras acciones por medio de la justicia administrativa.
