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La exigencia es una sola: declarar la emergencia social, ecológica y económica como única medida para levantar el paro cívico a fin de que se gestionen, a fuerza de ley, recursos y con ello impulsar proyectos para el desarrollo en la región.
El alcalde Eliecer Arboleda ha argumentado que esta medida está en manos de la Presidencia de la República y la Corte Constitucional, que es la instancia final para decretar la calamidad.
No obstante, la consigna de los habitantes de Buenaventura está concentrada en rechazar la deficiencia de los servicios públicos como el suministro de agua, y exigir mejores condiciones en la prestación del sistema de salud.
La reunión con los líderes de la iniciativa social está precedida por el ministro de ambiente Luis Gilberto Murillo, el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, Luis Alfonso Escobar, director del Plan Pacífico y el Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas.
El propósito es atender las peticiones de la comunidad, que ha mantenido bloqueada la actividad económica del distrito de Buenaventura, en donde ya se cuantifican pérdidas que superan los $25.000 millones durante los tres días de la parálisis cívica.
El impacto del paro ha golpeado la economía de sectores vitales como el cabotaje, encargado del transporte de insumos, alimentos y personas en los municipios y corregimientos marítimos de Buenaventura.
Según voceros de este gremio, mensualmente movilizan 73 toneladas de productos de la canasta básica familiar, 1.400.000 galones de combustible para los zonas no interconectadas y diariamente por este medio viajan 27.000 personas.
En total son 40 puntos de bloqueo instalados en distintos puntos del puerto, que no permiten la movilidad de la carga que llega al país. Las tractomulas, por ejemplo, dejan ingresos diarios estimados en $4.800 millones por la compra de combustible.
Las estaciones de servicio no están autorizadas para la venta de gasolina.
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