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A través de una carta enviada a la gerente general de Transmilenio, María Consuelo Araujo, la Procuraduría cuestionó la intención para adquirir una nueva flota de buses europeos que, al parecer, estarían prohibidos en ese continente por no tener limites bajos en las emisiones de dióxido de carbono.
Se trata de los vehículos producidos por fábricas de origen europeo (Scania, Volvo, Mercedes Benz) que al parecer no cumplirían con los estándares internacionales para la baja emisión de gases “que generen el menor impacto ambiental a través del uso de últimas tecnologías”.
Según la Procuraduría, dichos vehículos, que integrarán la nueva flota de buses Transmilenio, tienen niveles de emisión de gases basados en los estándares Euro V 2007 y no basados en la nueva norma Euro VI 2009.
Por lo cual cuestiona “¿por qué el proceso contractual no conlleva a que la capital del país adquiera tecnología de vanguardia, es decir, vehículos que cumplan con los límites de emisiones que fija la norma Euro VI?"
Según la entrada en vigor de la norma Euro VI 2009 del parlamento europeo, “desde el 1 de septiembre de 2014 los motores diésel de nueva fabricación no pueden emitir más de 80 mg de óxido de nitrógeno por km (los vehículos de gasolina 60 mg/km), reemplazando así el anterior límite de 180 mg/km”.
El Ministerio Público además pide explicaciones sobre “si los motores diésel que no pueden ser vendidos en la Unión Europea, pueden por el contrario ser adquiridos para transitar por las calles de Bogotá D.C.”
La Procuraduría recuerda que uno de los objetivos trazados entre el Distrito y la empresa de Transporte Transmilenio es “garantizar que los equipos usados para la prestación del servicio incorporen tecnología de punta, teniendo en cuenta especialmente el uso de combustibles que generen el mínimo impacto ambiental”.
