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El Observatorio a los Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), reveló que entre el primero de enero y el 9 de marzo se registraron 2.960 víctimas de confinamiento.
Así mismo, 677 personas tuvieron que desplazarse de sus territorios para evitar ser víctimas de la violencia armada. El reporte estableció además que en total se han registrado 3.674 violaciones de Derechos Humanos en lo corrido de este año.
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De igual forma, señalaron que los 115 pueblos indígenas que habitan la geografía nacional han resultado afectados por los hechos de violencia que no cesan y que, en algunos casos, se incrementaron o aparecieron tras la firma del acuerdo de paz.
También identificaron que las violaciones a los Derechos Humanos son cometidas también por la fuerza pública. “Por eso afirmamos que somos víctimas directas de permanentes violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por todos los actores armados estatales e ilegales, y sabemos que detrás de esta dolorosa y trágica realidad está el interés de los grandes negocios en nuestros territorios para el narcotráfico, el extractivismo minero-energético y la agroindustria”, señalaron en el informe sobre la situación actual de las comunidades indígenas.
Covid y conflicto
En otro de los apartes del documento, advierten que la no implementación del acuerdo de paz está generando un mayor riesgo para las poblaciones indígenas que no solamente se enfrentan al coronavirus, sino también al confinamiento armado, a la escasez de alimentos y al hambre.
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“El recrudecimiento del conflicto, luego de la firma del acuerdo de paz y la implementación fallida del actual gobierno de Iván Duque, colocan en riesgo la vida, integridad, la libertad y pervivencia de los pueblos originarios. Debido al flagelo del desplazamiento nuestra pervivencia se encuentra amenazada”.
La Onic precisó además que el desplazamiento forzado más emblemático que se ha registrado en los últimos 20 años, se relaciona con el que ocurrió con la nación emberá y que ha generado que muchas de las familias hubiesen terminado viviendo en la ciudad de Bogotá, en condiciones de indigencia y mendicidad.
“El desplazamiento forzado que ha vivido la nación emberá, para hablar de un caso específico, se presenta desde el año 2001, y muy a pesar de que se han logrado realizar rutas de retorno de varias familias a sus territorios, en los siguientes años han regresado a la ciudad de Bogotá, debido al inminente riesgo, falta de garantías, reconfiguración de la violencia, presencia de nuevos actores armados, nuevos hechos de violencia y la colocación indiscriminada de minas antipersonal, para obtener el control territorial y el control de las economías ilegales por parte de actores armados”, dijo el consejero de la Onic, Higinio Obispo.
Señaló también que más de 1.200 familias no han logrado retornar y eso ha empeorado la situación aún más. “En la ciudad de Bogotá se encuentran en un nivel de alto riesgo y vulnerabilidad 393 personas, parte de un total de 1235 familias y aún no hay rutas de retorno claras, ni garantías de atención en salud, educación, vivienda, lo que los coloca en inminente de exterminio físico, cultural y territorial”, apuntó.
