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La atención a las víctimas del conflicto armado ha dado un avance significativo luego de que el Congreso aprobara una nueva ley que extiende el plazo para que estas personas presenten sus declaraciones sobre los hechos victimizantes sufridos durante el conflicto con la extinta guerrilla de las FARC, permitiendo así iniciar el proceso administrativo de reparación.
Las declaraciones podrán entregarse ante la Procuraduría, la Defensoría y las personerías municipales hasta agosto de 2026. Estas entidades han implementado medidas para facilitar las diligencias en sus sedes distribuidas a lo largo del territorio nacional.
“Es un tiempo que se extiende hasta el 22 de agosto del 2026 por hechos victimizantes ocurridos a partir de 1985 y, en cualquier caso, tres años después de ocurrir el hecho victimizante. Ese es grosso modo el panorama del término para la declaración de las víctimas”, aseguró la procuradora delegada para seguimiento del cumplimiento del Acuerdo de Paz Diana Yolima Niño Avendaño.
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La Procuradora destacó la importancia de esta ley, pues mencionó que consiste en "brindarles a las víctimas del conflicto las garantías de reparación y no repetición es esencial".
La funcionaria aclaró que este proceso abarca únicamente los aspectos administrativos de la reparación, responsabilidad que recaerá en la Unidad de Víctimas. Sin embargo, señaló que, en caso de que los hechos y los victimarios no hayan sido considerados en las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, los funcionarios de las entidades podrán dar a conocer esta información.
“Este trámite que se hace ante la unidad de víctimas implica solamente la indemnización administrativa de las víctimas. Otro tema es el tema relacionado con la judicialización e investigación de los hechos, que, dependiendo del sujeto pasivo del hecho delictivo o, mejor, la calidad del victimario, será de conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz o de otra instancia”, afirmó Niño.
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La procuradora explicó que las víctimas tendrán la oportunidad de adelantar todo el procedimiento en su propio territorio, evitando así el desplazamiento a Bogotá para obtener respuestas de la Unidad de Víctimas.
“De manera preferente debe ser en el territorio, es decir, donde estén las víctimas. Solo de manera excepcional y por un caso en particular tendría que ser un asunto que se tramite en Bogotá. Pero, en principio, a nivel territorial debe sustituirse todo el trámite y la resolución de indemnización de las víctimas”, concluyó la funcionaria.
El organismo destacó que, desde la implementación de una ley similar en 2023, la Unidad para las Víctimas ha recibido un total de 46.915 declaraciones. De estas, 1.994 fueron presentadas ante la Procuraduría, 6.513 ante la Defensoría, 38.049 en las personerías municipales, 354 en consulados y cinco en otras dependencias autorizadas.
