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La Procuraduría General de la Nación impartió nuevas directrices a sus procuradores regionales, provinciales y distritales para fortalecer la vigilancia preventiva sobre los procesos de contratación que adelantan las entidades nacionales con presencia en los territorios, en medio de la etapa final del actual Gobierno de Gustavo Petro y el proceso de empalme con la administración entrante.
La medida quedó consignada en el Memorando No. 012 del 24 de julio de 2026, firmado por el viceprocurador general de la Nación, Julián Fernández, quien señaló la necesidad de intensificar el seguimiento a la gestión contractual de las entidades desconcentradas del orden nacional antes de la culminación del periodo gubernamental prevista para el próximo 7 de agosto.
Actuaciones contractuales en Colombia
Según el documento, la Procuraduría busca garantizar que las actuaciones contractuales se desarrollen bajo el cumplimiento estricto de los principios constitucionales y legales que rigen la administración pública, así como proteger los recursos del Estado y asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos.
Entre las instrucciones emitidas, el Ministerio Público ordenó verificar que los procesos contractuales cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes relacionadas con la contratación estatal. Asimismo, pidió revisar que las necesidades de contratación estén debidamente incluidas en los planes anuales de adquisiciones de cada entidad.
También establece una vigilancia especial sobre las entidades desconcentradas que operan en las regiones del país. En estos casos, los procuradores deberán comprobar que los procesos se adelanten bajo el régimen contractual correspondiente y que exista una delegación válida otorgada por los representantes legales de las entidades nacionales.
Manuales internos de contratación
De igual forma, la Procuraduría ordenó revisar el cumplimiento de los manuales internos de contratación en aquellas entidades que cuentan con regímenes especiales, con el fin de verificar que sus actuaciones respeten los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva.
Otro de los puntos del memorando tiene que ver con la obligación de reportar los resultados de las acciones preventivas. Las dependencias deberán enviar un informe a la Viceprocuraduría General de la Nación, a más tardar el 18 de agosto de 2026, detallando los principales hallazgos encontrados, el monto de los procesos vigilados, el estado de cada actuación y las posibles situaciones con implicaciones disciplinarias.
La entidad precisó que estas acciones de vigilancia preventiva son independientes de los procesos disciplinarios y no constituyen una etapa previa para su apertura. No obstante, insistió en que el seguimiento oportuno a la contratación pública resulta fundamental en un momento de transición administrativa, cuando suelen incrementarse los procesos de contratación y ejecución presupuestal.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué decisión tomó la Procuraduría General de la Nación frente a la contratación estatal?
La Procuraduría ordenó reforzar la vigilancia preventiva sobre los procesos de contratación de las entidades nacionales que operan mediante dependencias desconcentradas en los territorios. La medida busca garantizar transparencia y legalidad durante el cierre del actual Gobierno y el proceso de empalme con la nueva administración.
¿Por qué se emitió este memorando en este momento?
La entidad considera que la transición de gobierno exige mayores controles sobre la gestión contractual para proteger los recursos públicos, asegurar la continuidad de los servicios del Estado y verificar que las contrataciones se ajusten a las normas vigentes antes del cambio de administración previsto para el 7 de agosto de 2026.
¿Qué aspectos deberán revisar los procuradores regionales, provinciales y distritales?
Deberán verificar el cumplimiento de las normas de contratación estatal, revisar que las necesidades contractuales estén incluidas en los planes anuales de adquisiciones, comprobar las delegaciones para contratar en entidades desconcentradas y supervisar que las entidades con regímenes especiales cumplan sus manuales de contratación.
¿Qué reporte deberán presentar las dependencias de la Procuraduría?
Las procuradurías regionales, provinciales y distritales tendrán plazo hasta el 18 de agosto de 2026 para remitir un informe a la Viceprocuraduría General de la Nación con los principales hallazgos, el valor de los procesos vigilados, el estado de las actuaciones preventivas y las posibles incidencias de carácter disciplinario detectadas.
