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El Ministerio de Salud y Protección Social apoyó el informe presentado por la Contraloría General de la Republica, sobre el uso indebido de $5.4 billones de pesos por parte de varias EPS del país, que en el año 2020 utilizaron ese monto para pagar facturas que no eran de ese año.
Destacó la afirmación del organismo de control en el sentido de que si una EPS utiliza los recursos de una vigencia determinada para cubrir obligaciones de vigencias anteriores, es evidente que no se constituyeron las reservas técnicas necesarias.
La Contraloría reveló que las EPS pagaron servicios de salud de vigencias anteriores con los recursos de la UPC, los cuales recordó tienen destinación específica y no pueden ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución y la Ley.
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Para el Ministerio de Salud, hay diferentes normas a través de las cuales se garantiza el pago de servicios de salud a los prestadores de los mismos, sin que exista una prohibición específica para que se garantice el pago a los prestadores de los servicios.
Ante estos hallazgos, el Gobierno Nacional reveló que interpuso una acción popular contra las EPS que han incumplido con el deber de constituir reservas técnicas, la cual fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La acción popular está respaldada por los hallazgos de la Contraloría y la Superintendencia y se fundamenta en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 780 de 2016, que regulan la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
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Recordó el Ministerio de Salud , que esta UPC representa el valor reconocido por cada afiliado al Sistema para cubrir los servicios del Plan de Beneficios en Salud, el cual es administrado por las EPS y que implica la administración del riesgo financiero y la gestión del riesgo en salud.
Las EPS están obligadas a utilizar la UPC para financiar servicios prestados durante la vigencia correspondiente, asegurándose de constituir reservas técnicas suficientes con los recursos recibidos del Estado.
