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La Procuraduría General de la Nación abrió dos investigaciones disciplinarias clave en medio de la crisis de la salud del país. Una, contra tres exinterventores y un interventor de la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS), y otra, contra tres exinterventores y un interventor de Savia Salud. El gobierno de Gustavo Petro administra ambas.
El exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal anunció la intervención de SOS en abril de 2024, argumentando graves fallas financieras y de atención a sus más de 750 mil usuarios. La idea, expresó el Ejecutivo en su momento, era fortalecer la entidad y garantizar la continuidad del servicio en Valle del Cauca, Cauca, Quindío y Risaralda.
Tras la medida, la superintendencia nombró a Carlos Marino Escobar Vásquez como representante legal. La Procuraduría abrió una investigación en su contra en marzo de 2025 por presuntas irregularidades en la administración de los fondos del sistema de seguridad social asignados a Servicio Occidental.
De acuerdo con la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 hubo una diferencia de 455 millones de pesos entre la plata de la EPS y las deudas por pagar. El Ministerio Público empezó a investigar a los interventores de SOS, Asmet Salus y Emssanar.
El aumento de las deudas en SOS
La Superintendencia de Salud sacó a Carlos Escobar de SOS en noviembre de 2024 y nombró a Carlos Eduardo Franco Muñoz. Ahora la Procuraduría Primera para la Vigilancia Administrativa los investiga a ambos, y también a Sergio Andrés Gil Celis, el sucesor de Franco, y al actual interventor, Carlos Betancur Castañeda.
Betancur —suspendido provisionalmente—, Gil, Franco y Escobar “han ocasionado el deterioro de la sostenibilidad financiera, el incremento de la siniestralidad y los pasivos, y el decrecimiento del patrimonio de la EPS”, reprocha el Ministerio Público, que le dio diez días a la Superintendencia de Salud para remitir un informe sobre SOS.
El gobierno de Petro empezó a intervenir a Savia Salud, la EPS más grande de Antioquia —con más de 1,6 millones de empleados—, en junio de 2023. La Superintendencia mantuvo una medida de vigilancia especial por seis años, pero, aun así, recaía en varias fallas, como entrega de medicamentos y mala atención.
Desde entonces, la EPS ha tenido cuatro interventores: Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso, Luis Óscar Gálvez Mateus y William Humberto Salgado Gamboa, quien la administra desde noviembre de 2025 y a quien la Procuraduría suspendió. Todos están bajo la lupa de la Procuraduría Cuarta para la Vigilancia Administrativa.
Savia Salud, Nueva EPS y el aumento de quejas en las EPS intervenidas por Petro
Rodríguez Villamizar, Rodríguez Posso, Gálvez y Salgado habrían incumplido “las funciones y obligaciones impuestas como agentes especiales”, sostuvo el Ministerio Público. Sus negligencias “han ocasionado el deterioro de la prestación del servicio de salud a los afiliados”, además del aumento de PQRS, tutelas y desacatos.
Actualmente, la administración de Gustavo Petro —con Guillermo Alfonso Jaramillo a la cabeza del Ministerio de Salud— administra ocho EPS: Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).
Nueva EPS es la que conserva la mayor cantidad de quejas. De acuerdo con el observatorio Así Vamos en Salud, que desde 2002 evalúa varios indicadores sanitarios, la prestadora llegó a más de 38 mil peticiones, quejas y reclamos en agosto de 2025, ocho mil más de los anteriores a la intervención.
La tasa de reclamos llegó a 42,6 por cada diez mil afiliados, lo que la dejó en un tercer lugar, solo detrás de Famisanar, con 60,2, y SOS, con 54,7 reclamos, si bien ambas EPS suman unos 3,7 millones de usuarios, una tercera parte de los de Nueva EPS.
