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Las diferentes organizaciones médicas, pacientes, científicas y usuarios del sistema de salud que hacen parte del Movimiento ‘Todos por la Salud’ dieron a conocer las principales preocupaciones que tienen alrededor del proyecto de ley de la reforma a la salud que está a la expectativa de su debate en la Comisión Séptima del Senado de la República.
Los principales llamados de atención estuvieron enfocados en el modelo de Salud preventivo, predictivo y resolutivo, el cual señalaron no resuelve los problemas de atención en el país.
“No resuelve los problemas de atención para los pacientes y elimina la libre elección de asegurador y prestador para los usuarios. El proyecto de decreto genera nuevos cuellos de botella para la atención de los pacientes, debilita la gestión integral del riesgo, genera riesgos de corrupción y profundiza la crisis de la salud. Así mismo, la libre elección es uno de los pilares del sistema y tiene carácter estatutario”, dijo.
Apuntó que además “no atiende las causas fundamentales de la crisis de financiamiento que está atravesando el Sistema de Salud, que se ha traducido en una crisis de confianza entre los actores y ha desencadenado un problema humanitario sin precedentes que está afectando la salud y la vida de los colombianos”.
También afirmó que excede la potestad reglamentaria. “El proyecto de decreto propone cambios que exceden lo que puede hacerse por vía administrativa, al invadir competencias reservadas al legislador, por ejemplo: Cambios estructurales en el modelo de aseguramiento; Redefinición de funciones de EPS, IPS y entidades territoriales. Territorialización con efectos jurídicos sin soporte legal y la creación de instancias de participación ciudadana no contempladas en leyes estatutarias”, manifestó.
Dijo que debilita jurídicamente la territorialización. El uso de “subregiones funcionales” y esquemas asociativos obligatorios para gestionar salud territorial: Desconoce el principio de participación libre y voluntaria en esquemas asociativos de ordenamiento territorial contenidos en la Ley 1454 de 2011.
Advirtió que genera inseguridad jurídica por falta de claridad en competencias, gobernanza y resolución de conflictos interinstitucionales.
“Genera confusión conceptual sobre Atención Primaria en Salud (APS). El decreto confunde APS con servicios de baja complejidad. La APS incluye todos los niveles de Atención y se diferencia del modelo asistencialista en que en la APS la puerta de entrada al sistema de salud no es el CAP sino cualquier espacio de la vida cotidiana (hogar, lugar de trabajo, etc.). Además, no se distingue adecuadamente entre prevención, promoción y atención curativa, generando ambigüedad en su financiamiento y operación”, explicó.
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Apuntó que cambia las normas de habilitación de redes de IPS y roles de EPS. El proyecto asigna al Ministerio la habilitación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales en Salud (RIITS), quitándole esta función a las entidades territoriales, contraviniendo la Ley 1438 de 2011. La exclusión de las EPS en procesos esenciales como la conformación de redes o referencia y contrarreferencia desvirtúa su rol de gestión integral del riesgo.
“Es inconsistente en el financiamiento. Con cargo a los mismos recursos que se financian las atenciones del sistema, se propone financiar nuevas funciones y acciones: Se busca financiar funciones no cubiertas por la UPC, lo cual es inconstitucional y ha sido advertido por la Corte Constitucional (Auto 007 de 2025). Las inversiones previstas para infraestructura y formalización laboral carecen de respaldo presupuestal real”, añadió.
Dijo que además representa riesgos económicos y jurídicos para actores del sistema al obligar a EPS e IPS privadas a asumir responsabilidades e inversiones sin garantías jurídicas ni un claro sistema de incentivos y responsabilidades.
“No tiene un respaldo claro a la formalización laboral. Coincidimos en que la intención de formalizar al personal de salud es positiva, pero no se presentan fuentes de financiamiento ni incentivos para el sector privado”, recalcó.
Y afirmó que es ambiguo en el diseño del sistema de información. “Se menciona la necesidad de integración de datos, pero no se define cómo ni con qué recursos. En caso de promulgarse el decreto sin atender las observaciones se profundizarían los problemas operativos y financieros que hoy está atravesando el sistema de salud, agravando barreras de acceso a pacientes y usuarios. Sumado a eso, siendo el individuo el eje fundamental del Sistema de Salud, aún no está clara la ruta de atención al paciente”, sostuvo.
Aseguró que incluso ante la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales en Salud (RIITS) como un modelo de articulación entre los diferentes actores del sistema, no queda claro cómo estas redes se comunicarán efectivamente con los CAPS.
“Esta falta de definición sobre los canales de coordinación entre los diferentes niveles de atención podría poner en riesgo el acceso integral y continuo a los servicios de salud, afectando la calidad de la atención que reciben los pacientes. Tampoco hay un responsable único de la representación y gestión de los pacientes, lo cual dificulta su tránsito en el sistema y sus posibilidades de lograr que sus atenciones sean efectivamente reconocidas”, puntualizó.
