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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó en nombre del Gobierno colombiano la anulación y suspensión de la ejecución del fallo emitido en el arbitraje internacional en el que se le condena al país a pagar cerca de 380 millones de dólares a la empresa española de telecomunicaciones Telefónica.
En el Laudo, el tribunal concluyó que Colombia violó la obligación de brindar un trato justo y equitativo a Telefónica bajo el Tratado, y ordenó al Estado reembolsar a Telefónica la suma de 379,8 millones de dólares que la compañía había pagado en 2017 al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) por orden de un tribunal de arbitramento bajo el reglamento de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado concluyó que este laudo debe ser anulado de conformidad con el artículo 52 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (Convenio Ciadi).
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Para la Agencia el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) se extralimitó manifiestamente en sus facultades quebrantó de manera grave normas fundamentales de procedimiento y no expresó en el laudo los motivos en los que se fundan sus decisiones, especialmente, sobre responsabilidad y daños.
Colombia alega que el tribunal ignoró el derecho aplicable a la controversia.
Según la Agencia Jurídica del Estado en contravía del del derecho internacional, el tribunal actuó como una corte de apelación sobre asuntos de derecho colombiano decididos por la Corte Constitucional y se pronunció sobre una controversia meramente contractual ya resuelta en el Arbitraje Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).
"La Agencia también argumenta que el tribunal omitió por completo pronunciarse sobre múltiples defensas fundamentales del Estado en relación con la ausencia de expectativas legítimas de Telefónica, las cuales son contrarias a los principios fundamentales de irretroactividad de la ley", señala la apelación.
De acuerdo con la Agencia el tribunal tampoco se pronunció sobre defensas fundamentales relativas al daño reclamado, el cual no fue causado por una medida soberana de Colombia.
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"Por lo demás, sin motivos, el tribunal ordenó el pago de intereses que penalizan a Colombia por la demora del propio tribunal en proferir el Laudo – más de tres años y medio contados a partir del último escrito de las partes –", indicó la Agencia.
Así mismo, se solicitó la suspensión automática de la ejecución del Laudo hasta la constitución del comité ad hoc del Ciadi que decidirá sobre la petición.
