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La empresa española Telefónica ganó un arbitraje internacional contra la República de Colombia, que deberá pagar cerca de 380 millones de dólares, equivalentes a unos 357 millones de euros. Mauricio Lizcano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), abordó en La FM de RCN los antecedentes de este pleito y las acciones legales que el país tomará para enfrentar la condena.
El conflicto se remonta a contratos de concesión firmados en 1994, que estipulaban que los operadores devolverían tanto el espectro como la infraestructura al término de los acuerdos. Lizcano señaló: “Esos contratos decían muy claramente que, cuando terminaban, se tenía que regresar no solo el espectro, sino también la infraestructura construida. Sin embargo, en 1998, un cambio en las normativas permitió que los operadores solo devolvieran el espectro, lo que generó la disputa actual”.
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En 2005, Colombia firmó un tratado de protección de inversiones con la Unión Europea, particularmente con España, que abrió la puerta para que Telefónica llevara su reclamo a instancias internacionales tras un fallo inicial a favor del Estado colombiano. Según Lizcano, “Colombia ganó en los tribunales locales, pero luego el caso escaló a tribunales internacionales y ahí perdimos”.
De acuerdo con el ministro, el impacto económico es considerable, ya que, sumando intereses, la cifra podría superar los 500 millones de dólares. “Colombia tendría que pagar 2.5 billones de pesos por esta demanda, incluyendo los intereses compuestos. Es un golpe significativo para las finanzas del país”, dijo.
A pesar del fallo adverso, el gobierno todavía tiene una oportunidad de defensa. Lizcano detalló que se evalúa presentar un recurso de nulidad, “Nosotros creemos que al menos dos de esas causales aplican en este caso. Una de ellas podría ser la extralimitación de las funciones del tribunal, dado que este fallo afecta contratos que son anteriores a la ley en cuestión. La legislación no debe aplicarse de manera retroactiva”, afirmó.
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El ministro también aclaró que el MinTic no lideró la estrategia de defensa en este caso. “Este es un gran litigio de Estado que ha estado bajo la responsabilidad de la defensa jurídica de la Nación. Les he pedido explicaciones sobre si hubo errores en la estrategia legal. Además, ellos tienen un plazo de 120 días para presentar el recurso de nulidad, que requiere un rigor especial ante una corte internacional”, señaló Lizcano.
El caso también ha llevado al ministro a cuestionar decisiones del pasado que han resultado costosas para el país. “Este es uno de esos ‘micos’ que al país le han costado millones de dólares. Vamos a investigar qué ocurrió en 1994 y por qué, en 1998, se decidió que los operadores no tenían que devolver la infraestructura. Esas decisiones merecen una revisión profunda”, dijo.
