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La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó su sanción a tres empresas y cinco personas naturales involucradas en un caso de cartelización en los precios de los licores, en el departamento de Antioquia.
Las empresas Alianza Mayorista S.A.S. (Alima), Dispresco S.A.S., Internacional de Abastos y Licores S.A.S. (Interlicores) y los sujetos Hernán Gil Barrientos, Leonardo de Jesús Ramírez Ramírez, Andrés Nicolás Londoño Posada, Nelson Arturo Giraldo Alzate y David Esteban Giraldo Parra, deberán asumir una multa de $17.625.458.612 luego de que la Superintendencia probara que estos se aliaron para implementar un sistema que ha restringido por doce años, desde 2010, la libre competencia en el mercado de distribución de licores producidos por la Fabrica de Licores de Antioquia.
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Durante el seguimiento al caso, el ente fiscalizador encontró, por ejemplo, que entre 2010 y 2013 las empresas implicadas incurrieron en fijación indirecta de precios tras unificar las escalas de descuentos, respecto a los topes oficiales fijados por la Fabrica de Licores.
Así mismo, bajo la modalidad de unión temporal estas empresas fueron las encargadas de realizar el monitoreo y seguimiento de acuerdos restrictivos sobre la venta de productos. Sin embargo, a finales de 2012 ya habían presentado varios incumplimientos a estos acuerdos diseñando un método de compensación o nivelación de cuotas, para los eventos en los que llegaran a vender por debajo o por encima de la cuota asignada.
Por los incumplimientos a estos acuerdos se implementaron otros adicionales y la unión temporal operó de otra manera, pero según la Superindustria incurrió en faltas como acuerdos de fijación de precios a través de descuentos, acuerdos de asignación de cuotas de participación, acuerdos de repartición equitativa de clientes y de zonas de comercialización y la implementación de nuevas estrategias y políticas comerciales unificadas de la fuerza de ventas y la creación y puesta en funcionamiento del software denominado 'Activity'.
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Este modelo de operación que rige en la actualidad fue prorrogado hasta 2023 por lo que la Superintendencia también solicitó “terminar de manera inmediata el contrato de la unión temporal, así como todas las actividades desarrolladas a través de esta”.
Igualmente, invitó a la Fabrica de Licores de Antioquia para que implemente dentro de su organización programas de cumplimiento que prevengan este tipo de situaciones
