La FM en Google News
El Ministerio de Agricultura, el presidente de Finagro y la Junta directiva de esta entidad determinaron revisar la concentración de créditos subsidiados para el agro, que se han otorgado en medio de la emergencia por la COVID-19 a través de la Línea de Crédito Colombia Agro Produce, tras el llamado de atención que hizo la Contraloría General de la República.
Igualmente, las entidades anunciaron la implementación de controles previos al acceso a los recursos de subsidio y otros posteriores, para establecer que el destino que se le dé a los préstamos sea el indicado.
Información relacionada: Gremio hotelero y parques de diversiones alertan sobre situación financiera
Este mecanismo de verificación de las inversiones se aplicará a las operaciones realizadas por grandes productores, para garantizar que se trate de inversiones nuevas y en caso de no ser así, se requerirán las devoluciones.
El organismo de control informó que créditos cercanos a los 33 mil millones de pesos fueron cancelados, es decir, que los destinatarios solicitaron suspender los desembolsos.
Frente a lo anterior el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario, Gabriel Romero, señaló que: “el organismo de control continuará vigilando el comportamiento de los créditos, la efectividad de los controles anunciados así como las demás medidas que se tomen, con el propósito de que los recursos lleguen al campo, a los municipios y veredas, principalmente aquellos más alejados de las ciudades capitales”.
La entidad también recomendó agilizar las solicitudes de crédito por parte de los medianos y pequeños productores, teniendo en cuenta que los recursos que están solicitando los campesinos son necesarios de forma urgente para iniciar cosechas, reemplazar cultivo, compra y sostenimiento de animales, entre otros.
Más aquí: Fortalecen la producción del cannabis en Colombia
Recientemente, funcionarios de la Contraloría alertaron sobre la concentración de los créditos por parte de agroindustriales, que cuentan con activos equivalentes a los 5.000 salarios mínimos, cifra a partir de la cual un empresario del campo es considerado como “gran productor”.
