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Cerca de 100 personas que hacían parte del grupo asentado frente al Parque Nacional regresaron a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, como parte de un preacuerdo alcanzado entre el Distrito y la comunidad Emberá. Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien destacó que este retorno se logró “como resultado de días y horas de concertación con representantes del Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital”.
El funcionario subrayó que este traslado no marca el fin del proceso, pues las conversaciones con la comunidad continuarán en los próximos días con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras entidades. “Hay mucho por hacer por las comunidades que buscan el retorno seguro a sus territorios de origen, pero como Distrito nuestro compromiso sigue estando firme”, señaló Quintero.
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En medio de este proceso, el secretario expresó su preocupación por el uso de menores de edad en vías de hecho. “Los canales de diálogo están siempre abiertos, pero no dejaremos de señalar nuestra preocupación frente al uso de menores de edad en vías de hecho”, dijo.
Denuncia por presunta instrumentalización de menores
Paralelamente, la Secretaría Distrital de Integración Social radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por un caso de presunta instrumentalización de niñas, niños y adolescentes del pueblo Emberá en el transporte de sustancias ilegales desde el sector de San Bernardo hacia el asentamiento de La Rioja.
De acuerdo con la entidad, el equipo de Infancia acompañó una situación que, presuntamente, involucra a menores de edad en dinámicas asociadas al microtráfico. La administración distrital advirtió que este hecho constituye una posible vulneración de derechos que pone en riesgo la integridad de los menores y evidencia una problemática creciente en la zona, relacionada con el consumo de sustancias psicoactivas por parte de jóvenes.
El Gobierno Distrital rechazó de manera tajante cualquier hecho que pretenda instrumentalizar a menores de edad. “La utilización de niños y niñas puede comprometer su bienestar y seguridad, además de ser inadmisible y debe ser objeto de investigación rigurosa por parte de las autoridades competentes”, advirtió la Secretaría.
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Finalmente, la entidad aseguró que continuará activando las alertas necesarias y acompañando a las familias para mitigar riesgos, proteger a la niñez y articularse con otras instituciones para garantizar sus derechos.
