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En el Congreso de la República se están llevando a cabo los debates sobre la reforma pensional. Los pilares de este proyecto son el solidario, semi-contributivo, contributivo y ahorro voluntario, los cuales avanzarán hacia la Cámara de Representantes tras su aprobación en el Senado.
En el ámbito del pilar solidario, se busca favorecer a los adultos mayores y a las personas con discapacidad que no hayan realizado contribuciones para su jubilación.
Sin embargo, surgen muchas dudas en medio del debate sobre los beneficios actuales de los trabajadores. Una de ellas es si las cesantías se ven afectadas con esta iniciativa.
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¿Qué son las cesantías?
Las cesantías constituyen una prestación social obligatoria para los empleadores en Colombia, que se suma al salario ordinario de los trabajadores. Consisten en un mes de salario por cada año laborado y tienen como finalidad proporcionar a los empleados un fondo de ahorro que les brinde seguridad financiera en momentos críticos, como el desempleo, o para alcanzar metas como la adquisición de vivienda o la educación.
Los trabajadores tienen la facultad de elegir el fondo donde desean que se depositen sus cesantías. Dichos fondos generan rendimientos sobre los ahorros, garantizando una rentabilidad mínima.
Asimismo, los trabajadores pueden realizar retiros parciales o totales de sus cesantías conforme a lo establecido por la ley.
¿La reforma pensional afecta las cesantías?
En este proyecto de ley del Gobierno de Gustavo Petro, no se menciona nada relacionado con las cesantías, lo que implica que estas prestaciones seguirán funcionando con normalidad.
Las cesantías no guardan relación con el tema pensional, motivo por el cual no se aborda esta cuestión en la iniciativa.
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¿Cómo se calculan las cesantías?
Para calcular las cesantías en Colombia, se debe considerar que estas corresponden a un ahorro obligatorio que el empleador debe hacer a favor del trabajador, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcional si el tiempo es menor.
Es relevante señalar que las cesantías no se pagan directamente al trabajador, sino que se consignan en un fondo de cesantías de su elección, donde generan intereses y pueden retirarse bajo ciertas condiciones.
En Colombia, las cesantías deben pagarse anualmente al 31 de diciembre y consignarse en el fondo correspondiente antes del 14 de febrero del año siguiente.
¿Qué pasa si no pagan las cesantías?
Si el empleador omite el pago de las cesantías en Colombia, se expone a consecuencias legales y sanciones según lo dispuesto en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo (CST). De acuerdo con este artículo, el empleador está obligado a disponer de las cesantías y liquidarlas anualmente antes del 31 de diciembre.
En caso de incumplimiento, el empleador debe abonar al trabajador una sanción equivalente a un día de salario por cada día de retraso, calculada en base al último salario devengado por el trabajador y actualizada con la variación del índice de precios al consumidor.
Además, el empleador puede ser sujeto de una acción de tutela por parte del trabajador para exigir el pago inmediato de las cesantías.
Por otro lado, el empleador puede enfrentar sanciones por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), que podrían alcanzar hasta el 200% del valor de las cesantías no abonadas. Es crucial cumplir con las obligaciones laborales en relación con las cesantías para evitar sanciones legales y salvaguardar los derechos de los trabajadores en Colombia.
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¿Cómo denunciar a un empleador que no paga las cesantías?
Para denunciar a un empleador que incumple el pago de las cesantías en Colombia, el empleado afectado puede seguir un procedimiento establecido por la ley. En primer lugar, puede presentar un derecho de petición dirigido a la empresa donde trabaja, solicitando el pago de las cesantías adeudadas y exigiendo garantías específicas tanto a la empresa como al Estado.
En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, el empleado puede recurrir al Ministerio de Trabajo, adjuntando una copia del derecho de petición, para que se inicie una investigación y se tomen las medidas correspondientes.
Este proceso debe ser respondido a más tardar tres días después de su presentación.
