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En medio de fuertes cuestionamientos y protestas masivas, la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, firmó la Resolución 0221 de marzo de 2025, que declara una zona de reserva de 75.000 hectáreas en Soto Norte, fuera del Páramo de Santurbán.
La medida ha generado el rechazo de más de 35.000 habitantes de la región y de diversos sectores políticos, quienes la califican de inconsulta, ilegal e inconstitucional.
Según señalaron Muhamad a pesar de haber sido recusada ante la Procuraduría General de la Nación, lo que le obligaba a declararse impedida, firmó la resolución en su último día en el cargo.
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Al mismo tiempo, más de 2.000 campesinos, agricultores y pequeños mineros se manifestaban en Bucaramanga exigiendo que la decisión fuera concertada con las comunidades.
Los seis alcaldes de la provincia de Soto Norte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y la Procuraduría habían advertido sobre la falta de rigor técnico y la ausencia de consultas previas con los habitantes afectados.
La resolución fue publicada mientras el gobernador anunciaba su intención de mediar con la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada.
Efectos sobre la región y denuncias de ilegalidad
La nueva zona de reserva ambiental restringe actividades productivas esenciales para la economía local, especialmente la minería formal y artesanal.
Organizaciones como Asomineros Vetas, la Fundación Dignidad Minera y el Gran Pacto Social por California denuncian que la medida afectará a más de 35.000 personas en municipios como California, Suratá, Matanza, Tona, Charta, Vetas y el norte de Bucaramanga.
Según Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas, “esta resolución no tiene sustento técnico, viola el Acuerdo de Escazú y fomenta la minería ilegal. Miles de familias se verán obligadas a la pobreza y el desplazamiento si el Gobierno no revoca esta medida”.
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Los líderes comunitarios señalan que la Procuraduría había advertido sobre graves falencias legales en la resolución y que el Ministerio de Ambiente ignoró el 80% de las 1.350 observaciones presentadas por la comunidad.
Además, insisten en que la delimitación del Páramo de Santurbán, ordenada por la Corte Constitucional desde 2017, aún no se ha finalizado, lo que hace inviable la declaratoria de una zona de reserva sin estudios concluyentes.
Ante la falta de respuesta del Gobierno, las comunidades anunciaron que trasladarán las protestas a Bogotá y presentarán una serie de demandas, incluyendo una “tutelatón” masiva para exigir la revocatoria de la Resolución 0221.
Finalmente, el gobernador de Santander viajará a la capital para solicitar una nueva intermediación del Ministerio de Ambiente y garantizar que las decisiones sobre el territorio sean concertadas con sus habitantes.
