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La Procuraduría General de la Nación anunció que adelanta un estricto seguimiento preventivo a la operación del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, luego de que la administración pasara oficialmente a manos de la Aeronáutica Civil tras la culminación del contrato de concesión con la firma AEROCALI S.A.
De acuerdo con el ente de control, la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública solicitó a la Aerocivil un informe detallado sobre las medidas implementadas para garantizar una transición ordenada y sin traumatismos.
El objetivo de esta medida es evitar cualquier afectación en la prestación de los servicios aeroportuarios, teniendo en cuenta que esta terminal moviliza a millones de pasajeros al año y es clave para la conectividad del Valle del Cauca y la región Pacífico.
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Dentro de los requerimientos hechos por la Procuraduría se encuentran los contratos de transición que aseguren la continuidad de la operación, la ejecución del presupuesto proyectado en más de $90.000 millones para la vigencia 2026, y los planes de contingencia en caso de que se presenten retrasos en la adjudicación de la nueva concesión, proceso que está en curso bajo la responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
El organismo de control recordó a la Aerocivil que tiene la obligación de garantizar la continuidad, eficiencia y seguridad del transporte aéreo, así como la adecuada atención a los usuarios y la transparencia en los procesos de contratación pública que se desprenden de esta operación.
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Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación indicó que su labor busca anticipar posibles riesgos administrativos y contractuales, en especial durante este periodo de transición; además, reiteró que mantendrá la vigilancia preventiva hasta tanto se defina el futuro operador del aeropuerto y se asegure de que los recursos públicos sean manejados de manera eficiente y responsable.
Con esta actuación, la entidad pretende blindar uno de los aeropuertos más estratégicos del país frente a eventuales fallas en la gestión, garantizando así que los usuarios y la región no resulten afectados durante el proceso de cambio de administración.
