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En los últimos días, se encendieron las alarmas por un caso de una presunta masacre de cuatro menores en Putumayo a manos de las disidencias de las Farc.
La denuncia hecha por la viceministra del Interior, el director de la Dijín, el ICBF y la OPIAC a primera hora del sábado.
Tras varias horas de investigación en un consejo de seguridad en Putumayo, se pudo confirmar que los cuatro jóvenes fueron asesinados.
Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.
"El asesinato de 4 menores indígenas en Putumayo es un crimen atroz, una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario", escribió.
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A este anuncio se sumó la voz de rechazo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la que dejaron en claro que están en contra del "exterminio de los pueblos indígenas por las violencias armadas e injusticia estructural".
Enviaron también un mensaje de condolencia a las familias de las víctimas y “la comunidad de Luis Alberto Matías Capera, filial de la comunidad Samaritana del Resguardo Alto Predio Putumayo, quien junto a 3 jóvenes también del pueblo Murui, menores de edad, que se encontraban retenidos fueron asesinados en el departamento”.
¿Quiénes eran los jóvenes indígenas asesinados?
Hasta el momento se conoce que Luis Alberto Matías Capera y otros tres menores eran parte de la comunidad Mururi.
Las disidencias de las Farc de Iván Mordisco los reclutaron de manera forzosa y ellos escaparon el pasado 26 de marzo, pero desafortunadamente los encontraron el pasado miércoles 17 de mayo y fueron asesinados con arma de fuego.
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"Tras el escape, el día 17 de mayo del 2023 en horas de la tarde y tras la búsqueda por parte del grupo armado organizado a estos jóvenes, fueron encontrados en la comunidad “el Estrecho”, en límites entre Caquetá y Amazonas, causándoles así la muerte con arma de fuego a cada uno de los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento", indicó la OPIAC en un comunicado.
La entidad pidió la protección de las comunidades indígenas en todo el territorio colombiano por parte de la entidad.
"No tienen por qué realizar reclutamientos forzados, ni mucho menos atentar contra la vida e integridad de ellos”, enfatizaron.
