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De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia”, durante el último año y medio en el país se han triplicado los reclamos en salud por medicamentos. Asimismo, entre 2022 y 2025 se duplicaron las tutelas por el mismo motivo.
Este informe no solo busca llamar la atención sobre la crisis de medicamentos que vive el país en los últimos años, sino que intenta establecer qué hay detrás de la problemática.
“Los problemas de acceso a medicamentos afectan a personas de todo el territorio nacional, no distinguen entre regímenes de atención y tienen elementos de regresividad, porque, además de generar barreras conocidas para el acceso a los medicamentos y atenciones de alto costo, hoy se presenta también en medicamentos indispensables para la atención primaria integral”, manifestó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del informe, en Barranquilla.
Esta crisis podría verse agravada para los pacientes de Nueva EPS, la entidad promotora de salud con más afiliados en todo el país, que agrupa a más de 11 millones entre el régimen contributivo y el subsidiado.
Importante farmacéutica termina unilateralmente el contrato con Nueva EPS
Millones de pacientes de Nueva EPS quedarían a la deriva por cuenta de la terminación unilateral de Disfarma del contrato mediante el que dispensaba medicamentos a los afiliados a la entidad en todo el país.
La decisión impactará 232 puntos de atención en 19 departamentos y podría afectar la continuidad en el servicio a 2,4 millones de usuarios.
De acuerdo con la compañía, la decisión obedece a la insostenibilidad operativa y financiera generada por el flujo insuficiente de recursos y el incumplimiento en los pagos, a pesar de los acercamientos. La empresa afirma haber enviado comunicaciones formales los días 16 y 24 de octubre de 2025 en busca de una solución, sin obtener una respuesta efectiva que permitiera la continuidad del servicio bajo las condiciones existentes.
Cabe resaltar que la terminación del servicio no es inmediata, pues la decisión se ejecuta en cumplimiento de una cláusula contractual que estipula un preaviso de 60 días hábiles. Este periodo comenzó a correr una vez Nueva EPS fue notificada formalmente.
La compañía agregó que, durante los últimos meses, realizó esfuerzos considerables para evitar la interrupción del servicio. Aseguró que sostuvo la operación utilizando recursos propios, lo que le permitió mantener un nivel de cumplimiento superior al 98%. Adicionalmente, Disfarma asumió responsabilidades en planes de contingencia definidos por Nueva EPS en departamentos como Valle del Cauca y Santander.
De todas formas, la entidad manifestó su esperanza de que, con la intervención de las autoridades competentes, se encuentre una solución integral que garantice la entrega continua de medicamentos y evite la afectación a los pacientes y sus familias.
Defensoría del Pueblo culpa al Gobierno de la crisis de medicamentos
“El Gobierno no debe negar su responsabilidad en establecer transiciones menos inciertas y traumáticas en su propuesta de transformación del sistema, en su deber de garantizar el derecho a la salud y en su obligación de escuchar todas las voces, incluida la de esta Defensoría, cuyo rol es acercar a las partes para aliviar el sufrimiento que, sin ninguna duda, hoy padece la población colombiana”, dijo la Defensora del Pueblo, Iris Marín, durante la presentación del informe sobre la crisis de medicamentos.
