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La incertidumbre se apodera del sector energético tras el hundimiento del proyecto de Ley de Financiamiento, lo que generó preocupación por el futuro de los subsidios y el pago de una deuda acumulada de $3,4 billones relacionada con la opción tarifaria.
Ante este panorama, el ministro de Minas, Andrés Camacho, le hizo un llamado a los principales gremios de energía y gas a un encuentro urgente, para buscar soluciones que eviten un impacto crítico en los usuarios y en la estabilidad del sector.
Los gremios, que incluyen a Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, expresaron su alarma frente al incumplimiento de pagos por parte del Gobierno Nacional.
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Según cifras presentadas, los subsidios pendientes ascienden a $2,4 billones para el servicio de energía eléctrica y $628 mil millones para el gas natural. Este impago, aseguran, agrava la situación financiera de las comercializadoras y pone en riesgo la continuidad de los servicios esenciales.
Adicionalmente, los gremios señalaron que la falta de claridad sobre el reconocimiento como deuda pública de los saldos adeudados por usuarios de estratos 1, 2 y 3, podría traducirse en aumentos significativos en las facturas.
En el caso más extremo, un usuario de estrato 1 podría ver un incremento del 150% en su recibo de energía, un golpe que afectaría a millones de familias colombianas.
Por su parte, el Ministro de Minas advirtió que es imprescindible actuar con rapidez para garantizar los giros presupuestales necesarios en 2024 y 2025. Además, instó a trabajar en mecanismos alternativos, como la titularización de la deuda y la expedición de certificados de subsidios, para aliviar las presiones financieras del sector.
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Los gremios le solicitaron al Gobierno que tome medidas inmediatas, incluyendo el ajuste presupuestal para cubrir el déficit de subsidios y la presentación de un proyecto de ley independiente que viabilice el pago de la deuda tarifaria.
En su carta, subrayaron que el cumplimiento de los compromisos adquiridos no es solo una cuestión económica, sino también un deber constitucional que garantiza el acceso equitativo a servicios básicos.
La reunión planteada busca un consenso entre las partes para evitar una crisis sistémica que afecte no solo a las empresas, sino a millones de colombianos que dependen de estos servicios.
Finalmente, en la carta el ministro señala la urgencia de las soluciones no admite demoras, advirtieron los gremios, mientras reiteraron la importancia de una pronta respuesta del Gobierno Nacional.
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