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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó en entrevista con La FM que no se retomará la aspersión aérea como método para enfrentar los cultivos ilícitos, aclarando que la estrategia del Gobierno se centra en la erradicación manual, la fumigación terrestre y los programas de sustitución. “No tenemos las capacidades para hacer aspersión aérea”, aseguró, al explicar que actualmente se priorizan métodos que permitan atacar los sembradíos sin afectar a la población.
"Estamos haciendo la radicación con el Programa de Radicación de Cultivos con Aspersión Terrestre, es decir, con fumigación. Sin embargo, esa se hace en sitios donde no se donde haya una garantía de que podamos podamos afectar el cultivo sin afectar nuestras", señaló el ministro.
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¿Por qué el Gobierno descarta la aspersión aérea contra cultivos ilícitos?
El ministro señaló que la aspersión aérea se encuentra restringida desde 2016, cuando la Corte Constitucional determinó requisitos que los gobiernos deben cumplir para aplicarla. “En ese momento no se tenía la tecnología y en este momento hacerlo aéreo per se no es que tengamos la capacidad”, indicó. Según explicó, el enfoque oficial combina la erradicación manual, la aspersión terrestre y la sustitución voluntaria, siempre que las comunidades lo permitan.
Sánchez detalló que hasta la fecha se han erradicado más de 6.000 hectáreas directamente, a lo que se suman entre 6.000 y 7.000 hectáreas gestionadas por el programa de sustitución. “Ya estamos por encima de las 13.000 hectáreas”, afirmó, con la meta de superar las 30.000 antes del 31 de diciembre. Aclaró que lo ideal es que este proceso se logre mediante la sustitución concertada, aunque en algunas zonas resulta complejo por la presencia de actores armados ilegales.
¿Qué alternativas plantea el Ministerio de Defensa contra los cultivos ilícitos?
El ministro destacó que el Gobierno está evaluando nuevas tecnologías, entre ellas el uso de drones para fumigación localizada en zonas específicas. “Estamos avanzando con ellos. Estamos mirando cómo actuamos integralmente en Jamundí con el fin de eliminar esos cultivos”, señaló en respuesta a una solicitud de la gobernadora del Valle. No obstante, insistió en que cualquier acción debe ir acompañada de programas de sustitución y alternativas económicas para las comunidades.
Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien había sugerido en redes sociales la posibilidad de retomar la aspersión aérea, Sánchez aclaró: “Lo que estamos haciendo es erradicación con fumigación terrestre”. Añadió que esta práctica se aplica únicamente en sitios donde existan garantías de seguridad y sin afectar a la población civil.
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El ministro explicó que la estrategia oficial contra los cultivos ilícitos está diseñada bajo dos líneas: la sustitución de economías ilegales y el empleo de métodos de erradicación controlada. “Todo tiene que apuntar hacia allá, es decir, no convertir en nómadas a los campesinos que pasan de un lado a otro lado”, indicó, reiterando que la prioridad es garantizar que las comunidades tengan oportunidades de desarrollo.
Finalmente, Sánchez reafirmó que la meta del Gobierno es avanzar en la eliminación de cultivos ilícitos bajo un esquema integral. “Esto va integrado al programa de sustitución”, puntualizó, dejando claro que la política oficial excluye la aspersión aérea como mecanismo central y se concentra en alternativas terrestres y acuerdos comunitarios.
Sánchez detalló que hasta la fecha se han erradicado más de 6.000 hectáreas directamente, a lo que se suman entre 6.000 y 7.000 hectáreas gestionadas por el programa de sustitución. “Ya estamos por encima de las 13.000 hectáreas”, afirmó, con la meta de superar las 30.000 antes del 31 de diciembre. Aclaró que lo ideal es que este proceso se logre mediante la sustitución concertada, aunque en algunas zonas resulta complejo por la presencia de actores armados ilegales.
¿Qué alternativas plantea el Ministerio de Defensa contra los cultivos ilícitos?
El ministro destacó que el Gobierno está evaluando nuevas tecnologías, entre ellas el uso de drones para fumigación localizada en zonas específicas. “Estamos avanzando con ellos. Estamos mirando cómo actuamos integralmente en Jamundí con el fin de eliminar esos cultivos”, señaló en respuesta a una solicitud de la gobernadora del Valle. No obstante, insistió en que cualquier acción debe ir acompañada de programas de sustitución y alternativas económicas para las comunidades.
Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien había sugerido en redes sociales la posibilidad de retomar la aspersión aérea, Sánchez aclaró: “Lo que estamos haciendo es erradicación con fumigación terrestre”. Añadió que esta práctica se aplica únicamente en sitios donde existan garantías de seguridad y sin afectar a la población civil.
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El ministro explicó que la estrategia oficial contra los cultivos ilícitos está diseñada bajo dos líneas: la sustitución de economías ilegales y el empleo de métodos de erradicación controlada. “Todo tiene que apuntar hacia allá, es decir, no convertir en nómadas a los campesinos que pasan de un lado a otro lado”, indicó, reiterando que la prioridad es garantizar que las comunidades tengan oportunidades de desarrollo.
Asimismo, Sánchez reafirmó que la meta del Gobierno es avanzar en la eliminación de cultivos ilícitos bajo un esquema integral. “Esto va integrado al programa de sustitución”, puntualizó, dejando claro que la política oficial excluye la aspersión aérea como mecanismo central y se concentra en alternativas terrestres y acuerdos comunitarios.
Por otro lado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el Gobierno ofrece hasta 100 millones de pesos de recompensa para quienes entreguen información que permita identificar a los responsables de las azonadas registradas en La Plata, Huila, y en el Meta. Según explicó, los principales señalados pertenecen a estructuras bajo el mando de alias Mordisco y alias Calarcá.
¿Quiénes son los responsables de las azonadas en Huila y Meta?
El ministro afirmó que las acciones violentas fueron impulsadas por integrantes del cartel de alias Mordisco en el Huila y de alias Calarcá en el Meta. “Estamos promoviendo que nos ayuden a identificar claramente a dos personajes que estuvieron detrás de las azonadas en Belén, que es alias Pinzas y alias Popoche”, señaló Sánchez. Agregó que las operaciones en la zona han sido complejas por el uso de la población como escudo humano.
Sobre las acciones judiciales, Sánchez explicó que los hechos también configuran delitos previstos en el Código Penal Colombiano. “Aquí es claro que están cometiendo un secuestro, una azonada y también una interrupción a una función pública”, precisó. El ministro reiteró que las investigaciones buscan recopilar pruebas para judicializar a los responsables.
El funcionario también recordó que en meses anteriores fueron neutralizados otros cabecillas, como alias Cholinga y Alibardo. No obstante, señaló que persisten dificultades para actuar debido a la manera en que los grupos armados utilizan a la comunidad. “Cuando le cierran las puertas a la fuerza pública se la abren al crimen”, dijo.
