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Con cascos amarillos y camisetas alusivas a algunas empresas de desarrollo en Colombia como la compañía Drummond y el Cerrejón; Un grupo de comunidades acordonaron con cinta el Palacio de Justicia en Bogotá pidiendo que tres magistrados se declaren impedidos con las decisiones en torno a las consultas populares.
Se trata de Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional; las magistradas Martha Cristina Pardo y Diana Fajardo quienes fueron representados en una imagen cada uno, ubicados al frente del Palacio de Justicia.
Alejandro García, vocero del Movimiento Nacional Ambiental y biólogo afirmó que "Linares en un evento de la Asociación Colombiana Minera en Cartagena realizado el año pasado dijo expresamente que se tenía que revertir las consultas populares".
Asimismo, añadió que la magistrada Cristina Pardo, asesora jurídica del gobierno de Juan Manuel Santos "emitió dos decretos con los que se les impedía a los municipios prohibir las actividades mineras".
"Por último, la magistrada Diana Fajardo quien fuera directora de la Agencia de Seguridad Jurídica del Estado, en su momento, atacó a todas las consultas populares pidiéndoles a los jueces revertirlas" aseguró finalmente García.
Con una cinta alrededor de una parte del Palacio de Justicia, unas 20 personas simularon ser empresarios "capturando a las corporaciones (empresas) que están en contra de las consultas populares", indicó García.
Libardo Sánchez, sociólogo de Boyacá presente en la protesta pacífica dijo que le pide a los tres magistrados que "no le fallen a Colombia ¡por dios!".
Y añadió: las consultas son un derecho que la Constitución de 1991 estableció como mecanismo de participación democrática y es el derecho de la gente a participar en lo que ocurra en sus territorios".
La protesta pacífica duró un poco más de 20 minutos en la que curiosos que pasaban por el concurrido lugar, preguntaban del por qué estas personas tenían cascos mineros amarillos y tiznadas sus caras; cargando tres carteles con las imágenes de los magistrados a los que les pedían declararse impedidos para decidir sobre el futuro de las consultas populares.
