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El grupo empresarial Keralty, accionista principal de EPS Sanitas, rechazó la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud de prorrogar por un año más la medida de intervención forzosa administrativa para administrar la EPS Sanitas.
En un comunicado calificaron como arbitraria, improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria esta acción de mantener al agente interventor al frente de una de las EPS más importantes del país.
“Expresamos absoluto rechazo a esta determinación, que es una medida arbitraria, improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”, indicó el grupo.
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Subrayó que los directivos de la compañía siguen a la espera de las decisiones judiciales que se tomen en torno a este proceso de intervención que se adelantó en el 2024.
“Por esta razón, Keralty continúa a la espera de las decisiones judiciales que están pendientes en el marco de los procesos que se han promovido tanto en tribunales internos como en el exterior y ejercerá todas las acciones legales adicionales que permitan recuperar la administración directa de EPS Sanitas y resarcir los daños causados, con el fin de garantizar la salud y bienestar de más de seis millones de colombianos que han depositado su confianza en nosotros", señaló la grupo.
De igual forma rechazaron los argumentos presentados por la Superintendencia Nacional de Salud para mantener la medida especial de vigilancia.
“El argumento de que una intervención por parte de la Superintendencia de Salud corregiría lo que el Gobierno ha querido hacer ver como una “mala gestión” de administradores privados es contraria a la realidad. Los resultados de este año demuestran que esta intervención no ha solucionado la crisis, sino que, por el contrario, la ha agravado y los indicadores de patrimonio, reservas técnicas y quejas han empeorado a niveles alarmantes”, dijo Keralty.
Apuntó que el problema está enfocado en la desfinanciación del sistema de salud que vive el país.
“Esto evidencia que el problema, como lo anticipamos hace más de dos años, se concentra en la desfinanciación del sector y en las deudas acumuladas que el Gobierno se niega a reconocer . Insistimos en que no se trata de “mala gestión” de Keralty, sino de insuficiencia de recursos por la desfinanciación atribuible al Estado colombiano”, subrayó.
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Apuntó que la propia resolución de prórroga constata que las acciones tomadas en el marco de la intervención “no favorecen los resultados del costo de acuerdo con el cálculo del indicador de siniestralidad quedando en 105,29% al corte de diciembre 2024”.
“De forma expresa se reconoce que el resultado de la gestión durante la intervención refleja “Un deterioro significativo de la situación financiera en el último periodo evaluado” de forma que la gestión durante la intervención no está cumpliendo con los indicadores y metas propuestos. Al contrario, se constata el fracaso de “las acciones a corte de diciembre 2024 que SANITAS EPS SAS desarrolló con la finalidad de implementar medidas de salvamento y así la recuperación financiera, en tanto, estas no han dado el rendimiento esperado lo que se ve reflejado en los resultados de las condiciones financieras establecidas”, dijo la compañía.
Dice que asimismo, la resolución de prórroga confirma el incumplimiento de los objetivos que la intervención tenía fijados y el empeoramiento de los resultados de gestión, particularmente en cuanto a reclamaciones por la calidad del servicio, satisfacción de los usuarios, indicadores planteados en gestión del riesgo e impacto en programas de salud.
