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La Gobernación del Chocó suspendió el contrato que tenía como objetivo realizar estrategias de información en salud para la prevención de la pandemia generada por la COVID-19.
La decisión se tomó por petición de la Procuraduría General de la Nación, que investiga presuntas irregularidades en la ejecución del contrato, que tuvo un costo de mas de 130 millones de pesos, con la Fundación Prosperidad e Innovación para el Chocó.
La suspensión del contrato también se deriva de una investigación que abrió la Procuraduría al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, y al secretario de Salud del departamento, Carlos Tirso Murillo Hurta.
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Para la Procuraduria General de la Nación había advertido sobre la inconveniencia del Contrato No. 0126 de 2020, dirigido a la realización de estrategias de información para la promoción y prevención de la pandemia.
En ese sentido, había solicitado canalizar los recursos para garantizar los derechos fundamentales a la salud y la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas.
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Advirtió que el documento contractual es el segundo en el que la gobernación del Chocó invierte millonarias partidas en campañas publicitarias y capacitaciones para la prevención de la COVID-19, “en momentos en que la ejecución de recursos públicos debe centrase en la consecución de insumos médicos y de bioseguridad que permitan atender de manera oportuna a los pacientes infectados por el virus”.
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