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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de terminar unilateralmente el contrato con COPASA, que tenía como objetivo la renovación del Hospital San Juan de Dios.
Galán argumentó que esta medida, tomada por el agente interventor de la Subred Centro Oriente, pone en riesgo no solo la salud de millones de bogotanos, sino también el patrimonio de la ciudad.
En este sentido, le solicitó a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República que verifiquen la legalidad y la moralidad administrativa de esta decisión.
“Esta decisión no protege la salud de los bogotanos. Al contrario, pone en riesgo la prestación del servicio de salud y la estabilidad del Sistema Distrital de Salud”, afirmó Galán, quien también destacó que impide la recuperación del hospital San Juan de Dios que ha sido un proceso ordenado por varias sentencias en los últimos años.
El Alcalde enfatizó que la terminación del contrato afecta también la estrategia jurídica en los procesos judiciales vigentes, que actualmente tienen pretensiones económicas que superan los 100.000 millones de pesos.
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“El 7 de mayo, el Gobierno Nacional anunció su decisión de intervenir la Subred Centro Oriente, a pesar de que existía un trabajo conjunto entre el Distrito y la Nación para abordar las históricas fallas en la subred, liderado por la Secretaría Distrital de Salud. Esta intervención ha generado una creciente preocupación en la administración local, que considera que la decisión del interventor no solo es inadecuada, sino que aleja a Bogotá de la meta de recuperar un hospital emblemático”, dijo el Distrito.
Galán pidió a las Secretarías de Salud y Jurídica evaluar las acciones administrativas y judiciales que se alineen con la motivación y competencia del agente interventor. “Desde 2017, la Alcaldía ha adoptado medidas para recuperar el San Juan de Dios (…) Nuestro propósito es garantizar que este hospital funcione y preste sus servicios a toda la ciudadanía”, sostuvo.
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Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, afirmó que, con esta decisión, se defiende y se da la importancia de preservar el hospital público más antiguo de Colombia. A su vez, el superintendente Luis Carlos Leal, a través del interventor Luis Oscar Gálves, confirmó la orden de finalizar el contrato.
La polémica generó diferentes reacciones políticas, una de ellas la de el concejal Daniel Briceño, quien concluyó que se encargará de revisar cualquier pérdida económica de Bogotá tras esta decisión: “Nos encargaremos de que la plata que pierda Bogotá la paguen ellos con su patrimonio”.
