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La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque Urrego, presentó una nueva estrategia denominada "Agenda Abierta", con el objetivo de promover la transparencia y facilitar el acceso a la entidad por parte de diversos grupos de interés externos.
"Esta iniciativa se enmarca en la búsqueda por fortalecer las instituciones democráticas y el Estado social de derecho, garantizando el acceso a la información pública, fortaleciendo la veeduría ciudadana y promoviendo la transparencia en la gestión pública", indicó la SIC.
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La estrategia, delineada en la Resolución 4231 emitida el 22 de febrero de 2024, establece lineamientos claros para la atención de reuniones entre representantes del organismo público y aquellos interesados en abordar asuntos relacionados con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
"En consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de Colombia, que enfatiza la lucha contra la corrupción, esta medida busca activamente promover la transparencia en la gestión pública", agregó la SIC.
El proceso para solicitar una reunión se ha simplificado mediante la implementación de un Formulario de Solicitud de Agenda, el cual requiere información detallada sobre el solicitante, datos de contacto y el propósito de la reunión.
Además, la nueva resolución establece la publicación mensual de un registro que detalla las reuniones llevadas a cabo por la Superintendencia de Industria y Comercio, garantizando así un mayor acceso a la información sobre la agenda institucional.
Cabe mencionar que el diligenciamiento del formulario no garantiza la aceptación de la reunión, ya que esta estará sujeta a criterios de pertinencia y disponibilidad.
Además, se aclara que las reuniones no tendrán ningún impacto en las instancias procesales, ni en las decisiones tomadas por la SIC en el ejercicio de sus competencias.
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Finalmente, la funcionarias destacó la importancia de esta iniciativa, afirmando que "desde la Superintendencia de Industria y Comercio lo que queremos es contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas y del Estado social de derecho, a través de la garantía de los derechos humanos, el derecho al acceso a la información pública, el fortalecimiento de la veeduría ciudadana, la transparencia en la gestión pública y la implementación de mecanismos dirigidos a prevenir, detectar, gestionar y sancionar riesgos y hechos de corrupción bajo un enfoque sectorial".
