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En Los Secretos de Darcy Quinn se habló, que desde diciembre, se viene alertando sobre la inminencia del decreto para redistribuir pacientes en varias EPS intervenidas y, en particular, sobre la posibilidad de trasladar 3 millones de afiliados a la Nueva EPS, actualmente en crisis. Desde entonces, la advertencia se ha mantenido en el debate público ante la expectativa por la expedición de la medida.
Hoy, el foco está puesto en las cortes, pues el alcance jurídico de la decisión podría desencadenar nuevas intervenciones. En ese contexto, el Consejo de Estado tendría en sus manos una determinación que impactaría a 6 millones de colombianos que serían trasladados de entidad promotora de salud.
Advertencia de posible desacato
El representante y candidato al Senado, Andrés Forero, aseguró que el ministro y el Gobierno estarían desconociendo un fallo del Consejo de Estado que suspendió los efectos del Decreto 0858 del 25 de julio de 2025, el cual pretendía reformar el sistema de salud desconociendo las facultades del Congreso.
Según lo expuesto, al ejecutar este traslado de manera forzada se configuraría un desacato a la decisión judicial. Por esa razón, Forero anunció la interposición de un incidente de desacato, insistiendo en que la situación de 6 millones de colombianos queda bajo la órbita del alto tribunal.
En su momento, la decisión judicial generó fuertes cuestionamientos del mandatario, Gustavo Petro, quien calificó a los magistrados como miembros del cartel de la toga. No obstante, se da por descontado que el alto tribunal deberá pronunciarse nuevamente frente a este nuevo decreto del Gobierno, que, según se sostiene, estaría usurpando funciones del Congreso de la República.
Riesgos operativos y efectos del Decreto 0182
Expertos advierten que el principal riesgo es operativo. Señalan que el decreto reorganiza el mapa del aseguramiento sin que exista evidencia pública de estudios actuariales detallados por EPS ni evaluación de capacidad instalada antes de realizar la asignación. También alertan sobre la ausencia de un plan financiero de absorción para las intervenidas.
De ejecutarse la redistribución sin la preparación necesaria, podrían presentarse aumentos en las tutelas, mayor conflictividad con hospitales, nuevas intervenciones y desgaste político.
El Decreto 0182 no constituye un ajuste menor, sino una reconfiguración estructural del mercado del aseguramiento. Sobre el papel, ordena el sistema; en la práctica, puede tensionarlo.
El impacto real dependerá de una variable crítica: si las EPS que recibirán millones de nuevos afiliados cuentan con condiciones financieras, administrativas y operativas suficientes para absorberlos sin deteriorar la atención. En la actualidad, no. De mantenerse ese escenario, el efecto podría sentirse primero en las farmacias, luego en los hospitales y, finalmente, en los despachos judiciales.
