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La expedición del Decreto 0182 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional modifica las reglas para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional, generó fuertes cuestionamientos por parte de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).
La Asociación prendió las alertas sobre los riesgos operativos, financieros y jurídicos para el sistema de salud que traería la expedición del Decreto 0182 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional modifica las reglas para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional de las EPS.
La entidad señaló que el decreto establece nuevos criterios de habilitación territorial, según los cuales las EPS solo podrán operar en los municipios donde cumplan con un porcentaje mínimo de afiliados.
“Esto implica una redistribución masiva de usuarios entre las diferentes entidades promotoras de salud”, dijo.
Los efectos de la nueva norma
De acuerdo con el análisis del gremio, la aplicación de las nuevas reglas generaría tres efectos principales:
- El retiro de algunas EPS de municipios donde no cumplen con el porcentaje mínimo exigido.
- La asignación de nueva población a EPS con mayor presencia en determinados territorios.
- Una mayor concentración de afiliados en la Nueva EPS, que se consolidaría como el principal operador del aseguramiento en el país.
Según cálculos de ACEMI, la Nueva EPS, que actualmente cuenta con más de 11,5 millones de afiliados, recibiría aproximadamente 2,6 millones adicionales, lo que representaría un crecimiento del 22,6%.
Riesgos operativos y financieros
El gremio advirtió que la redistribución se produce en un contexto de alta fragilidad del sistema, con ocho EPS bajo medida de intervención que concentran más de 24 millones de afiliados y presentan críticos resultados financieros.
Para ACEMI, la transferencia masiva de usuarios en estas condiciones “tiene altísimos riesgos de afectar la continuidad y la oportunidad en la atención”, especialmente si los afiliados son trasladados a entidades que enfrentan dificultades en la red de prestación, demoras en la entrega de medicamentos y problemas administrativos.
En el caso específico de la Nueva EPS, el gremio señaló que la entidad no ha presentado estados financieros desde 2023 y cuestionó su capacidad operativa para asumir un incremento significativo de usuarios. Situaciones similares, agregó, se presentan en otras EPS intervenidas que podrían experimentar aumentos cercanos al 40% en su población afiliada.
Asimismo, las EPS agremiadas en ACEMI que no están bajo intervención perderían más de 800.000 usuarios, según los cálculos del sector.
Reparos jurídicos
ACEMI también planteó objeciones de carácter legal. Según el gremio, el Decreto 0182 reproduce en gran medida el contenido del Decreto 0885 de 2025, que fue suspendido por el Consejo de Estado en octubre del mismo año.
En ese sentido, sostienen que la territorialización del aseguramiento, aunque puede ser razonable desde el punto de vista de eficiencia y capacidad de atención, constituye una modificación estructural al sistema que solo podría tramitarse mediante una ley, y no a través de un decreto.
Para la asociación, la expedición de la nueva norma podría interpretarse como un desacato al fallo judicial, lo que abriría la puerta a nuevas acciones legales.
Llamado a medidas de estabilización
ACEMI insistió en que el sistema de salud requiere medidas urgentes de estabilización y advirtió que el decreto, en las condiciones actuales, podría profundizar la crisis y aumentar el riesgo de colapso operativo en varias entidades.
“El sistema necesita soluciones estructurales que detengan el sufrimiento de miles de pacientes y familias que hoy enfrentan dificultades para acceder a servicios, medicamentos y tratamientos”, señaló el gremio, que anunció que acudirá a las rutas de defensa legal para controvertir la norma.
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