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La Red de Veedurías de Colombia Red denunció la existencia de un presunto 'cartel de chatarrización de vehículos' que estaría operando en procesos que adelanta la Alcaldía de Medellín y la Dian entre otras entidades, por más de 700.000 millones de pesos.
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, indicó que uno de los oferentes ese proceso de desintegración vehicular es la Unión Temporal Rym SAS, la cual lidera ese mercado habilitado por los ministerios de Transporte y Ambiente.
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De acuerdo con las denuncias, dicha unión temporal estaría ilegalmente habilitada para participar en ese proceso, ya que no tendría una persona jurídica y por ende, no contaría del certificado de existencia y representación legal para inscribirse y expedir los 6.500 certificados de desintegración física de vehículos que emitió y que generó el desembolso de más de $720.000 millones.
Bustos aseguró que en esos hechos habrían participado algunos funcionarios de los ministerios de Ambiente y Transporte.
"Lo ilegal, asombroso y grave, es que sin cumplir el requisito mínimo habilitante de ser persona jurídica, pues según la ley y la jurisprudencia: “la unión temporal no es una persona jurídica”, se han han pagado irregularmente incentivos por chatarrización más de $720.000 millones por cerca de 6.500 vehículos chatarrizados, cada uno con un incentivo promedio de $100 millones de pesos, con fundamento en las certificaciones de desintegración expedidas por la UNION TEMPORAL RYM SAS", dijo.
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Agregó que "así las cosas, tales pagos irregulares se han efectuado, entre muchos otros, dentro del programa de Modernización del parque automotor de carga auspiciado por el Gobierno Nacional, y a través del Fondo de Reposición Vehicular. La UNION TEMPORAL RYM SAS ha venido siendo contratada indistintamente de manera continua en estado de abierta ilegalidad continua por más de siete años, desde su creación en febrero el 2016", .
Finalmente, la Red de Veedurías de Colombia (Red-Ver) le pidió a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría Genera, que adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer esos hechos.
"Que se pronuncien frente a tamañas inobservancias legales, y se adopten los correctivos y sanciones a que haya lugar", concluyó.
