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José Ferney Quintero Corrales era dueño de uno de los 15 locales demolidos en el mirador de Loreto, ubicado sobre la avenida Las Palmas y en el que llevaba más de 20 años trabajando. De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, el procedimiento obedeció a una recomendación del Dagrd, que declaró la zona de alto riesgo.
En su momento el secretario de Seguridad, Andrés Tobón Villada, aseguró que estos establecimientos donde se realizaba la venta de alimentos fueron construidos de manera ilegal e invadían el espacio público.
Sin embargo, José Ferney Quintero manifestó que ocho meses atrás a ellos les habían permitido trabajar, luego de adelantar remodelaciones en cada uno de los negocios y que tanto a él como a los demás afectados se les hace extraño que a pesar de ser una zona en riesgo, en el sitio se esté permitiendo la construcción de varias torres de apartamentos.
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"El Departamento de Sanidad nos permitió o mejor nos ofreció, que arregláramos los negocios en vista de lo ocurrido en el tercer mirador. Organizamos los locales para seguir trabajando, prestamos plata, empezamos a trabajar tranquilamente después de la inversión. Después nos dijeron que teníamos que salir, nos cerraron, y ya esta semana nos tumbaron todo", aseguró.
Sobre la reubicación que les ofreció la Alcaldía de Medellín, el comerciante señaló que instauraron una acción de tutela para que les entreguen locales iguales o mejores a los que tenían en el mirador de Loreto. Sin embargo, según él les ofrecieron negocios en la unidad deportiva Atanasio Girardot, pero estos no son aptos porque están deteriorados y presentan malas condiciones de higiene.
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Indicó además que son cerca de 80 las familias afectadas, las que esperan una indemnización por los daños causados.
Lo que dijo la Alcaldía
Tras la demolición de dichos lugares, el secretario de Seguridad, Andrés Felipe Tobón Villada, indicó que "estos establecimientos donde se realizaba la venta de alimentos, fueron construidos de manera ilegal y no cumplían con las normas de sismoresistencia y además, invadían el espacio público. Varias familias ya aceptaron la reubicación".
"Se trata de una protección a la vida. Es una zona que se había declarado por el Dagrd en alto riesgo de colapsar en cualquier momento. Es una zona en la que no se podía construir. Además, son unas construcciones de manera informal", agregó.
Villada precisó que aún hay familias que no han aceptado el acompañamiento social de la Alcaldía de Medellín, pero aún así sigue abierta la oferta para que ejerzan su actividad comercial en otros espacios de la ciudad.
