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La Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos señaló que Colombia sigue en medio del conflicto y que el gobierno de Iván Duque no está cumpliendo con lo que se pactó en el Acuerdo de Paz, firmado hace más de cuatro años.
Al mismo tiempo, señalaron que más de 270 excombatientes de las Farc, han sido asesinados y alrededor de 1.400 que deberían estar cobijados con la figura del indulto, siguen privados de la libertad en las cárceles del país.
Las fuertes críticas se conocieron este viernes, en un informe que revelaron junto con la Organización Nacional Indígena de Colombia, (ONIC) en el que se alertó acerca de la grave situación de Derechos Humanos y de violencia armada que se vive en el país.
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“A pesar de la voluntad contenida en los acuerdos suscritos por el Estado y las Farc hace más de cuatro años, Colombia no está en paz, ni en post conflicto. El Acuerdo está siendo violado por el gobierno de Iván Duque que simula su cumplimiento lo que está propiciando un nuevo ciclo de violencia que resulta letal para la dirigencia social y para las comunidades del campo y de la ciudad”, señaló el informe.
Agregaron que: “los firmantes de la paz están siendo asesinados con impunidad (más de 270). Alrededor de 1400 ex combatientes que deberían estar cobijados bajo las figuras de amnistía indulto siguen encarcelados”.
En el recorrido que adelantaron por los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, detectaron – según advirtieron en el informe – “la falta de interés del Gobierno por adelantar los proyectos productivos para excombatientes, cuyos recursos en buena parte provienen de la Unión Europea y que, según denuncias, se pierden por el camino en la maraña burocrática y de intermediarios montada por el gobierno y sus redes clientelares”.
La Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos también destacó que, la incursión de grupos armados ilegales en territorios indígenas, ha generado una mayor vulneración de Derechos Humanos.
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El auge de las economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal además de otro tipo de prácticas agrava la situación de las comunidades que permanecen sometidas a confinamientos armados.
“Millones de personas continúan sometidas a las acciones violentas de los actores armados, legales e ilegales, que violan los derechos humanos y las reglas de la guerra. Además, el crecimiento de las economías ligadas al narcotráfico, la especulación, la corrupción, la minería y la agroindustria protegidas por los grupo paramilitares están generando la proliferación de grupos armados que atacan a la dirigencia social y a los habitantes de los territorios abocados a desplazarse o a morir masacrados”, indica finalmente la Delegación.
