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La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la información divulgada sobre los presuntos vínculos entre miembros de las disidencias al mando de alias Calarcá e integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado.
En un comunicado leído a los medios desde Barranquilla, la defensora Iris Marín aseveró que el presidente de la República tiene la facultad y obligación de garantizar el orden público en todo el país.
En este sentido, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación adelantar las investigaciones penales y disciplinarias con celeridad, independencia e imparcialidad, e informar sus avances y resultados con transparencia y respeto del debido proceso.
“Mientras se esclarecen estos hechos, es imprescindible que sus superiores adopten medidas inmediatas que garanticen la integridad de las investigaciones y eviten cualquier interferencia, para lo cual se sugiere evaluar el retiro de la función de las personas que pudieran estar comprometidas en los presuntos hechos de corrupción”, señaló.
“Para ese fin tiene a su disposición, de una parte, los mecanismos relacionados con la acción de la Fuerza Pública y la colaboración con la rama judicial”, sostuvo.
Desde la entidad manifestaron que el EMBF se comprometió a suspender el reclutamiento, concentrarse en una zona de ubicación temporal, respetar el proceso electoral y avanzar hacia la paz. Sin embargo, de acuerdo con Marín, ha ocurrido todo lo contrario.
“En la realidad, observamos el aumento de sus hombres en distintas regiones del país, dificultades para garantizar su concentración en condiciones adecuadas que permitan avanzar hacia un proceso real de desarme, continúa el reclutamiento —e incluso su justificación—, así como una expansión territorial y un control poblacional creciente”, afirmó.
Por otra parte, algunos voceros de los grupos armados y de este grupo armado con roles de liderazgo y participación en el proceso de paz han manifestado públicamente su rechazo a la dejación de las armas.
“Solo la implementación efectiva del mecanismo formal de verificación acordado en el último ciclo permitirá establecer si los compromisos asumidos se reflejan o no en hechos reales. En ejercicio de la facultad constitucional para impulsar y mantener salidas negociadas al conflicto armado, el presidente debe evaluar de manera integral tanto los acuerdos alcanzados como la información proveniente de diversas fuentes sobre el comportamiento del grupo armado”, apuntó.
