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La Corte Constitucional se pronunció sobre una tutela interpuesta por tres migrantes nacionales de Camerún contra Migración Colombia, debido a una decisión administrativa que rechazó su ingreso al país, al llegar al Aeropuerto Internacional de Bogotá y que culminó, días después, con su retorno indirecto a su país de origen.
Las migrantes denunciaron que fueron detenidas en el aeropuerto durante varios días sin una orden judicial ni administrativa y aseguraron que las condiciones eran precarias, recibieron malos tratos y no tuvieron acceso a información sobre su situación migratoria.
Además, afirmaron que no se les permitió ingresar al país ni se les ofreció un debido proceso administrativo que les permitiera ejercer su derecho a la defensa, lo cual incluye la garantía de traducción o comunicación en su lengua natal.
Las demandantes también indicaron que, al encontrarse en la zona de tránsito, no pudieron presentar solicitudes de asilo.
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La Sala Segunda de Revisión de la Corte, aunque declaró la carencia actual de objeto por daño consumado, consideró necesario pronunciarse sobre el fondo del asunto. En su fallo, advirtió que se evidenció una práctica inconstitucional que invisibiliza el fenómeno de la migración en tránsito.
La Corte subrayó que, aunque las migrantes portaban visas de turismo, su intención era transitar por Colombia como un país de paso, lo que no fue tenido en cuenta por las autoridades migratorias, quienes solo actuaron con su inadmisión y rechazo.
A pesar de coincidir con Migración Colombia en la necesidad de proteger la soberanía nacional, la Corte señaló que existen vacíos en el proceso de inadmisión y rechazo de migrantes.
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En este sentido, destacó que Colombia se ha convertido en un país de tránsito, lo que exige la aplicación de condiciones que respeten los derechos humanos de los migrantes.
La Corte recordó que los migrantes son sujetos de especial protección debido a su situación de vulnerabilidad, por lo que le solicitó al Congreso, a la Cancillería y a Migración Colombia regular adecuadamente la protección de los derechos de los migrantes en tránsito, garantizando su libertad personal y el derecho al debido proceso administrativo.
