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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Colombia por la desaparición forzada del militar Óscar Tabares Toro en 1997, un caso por el que el Estado colombiano había aceptado su responsabilidad en el marco del proceso ante el tribunal continental.
El presidente de la CorteIDH, el juez Ricardo Pérez Manrique, notificó este martes la sentencia a las partes durante un acto transmitido por internet, en el que indicó que el tribunal acepta el reconocimiento del Estado y lo declara como responsable por la desaparición forzada de Tabares Toro.
Tabares desapareció el 28 de diciembre de 1997 cuando se encontraba en funciones en el municipio de San Juanito, departamento de Meta, luego de que tuviera una riña con sus superiores.
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"La Corte estima que el Estado tenía posición de garante respecto del señor Tabares Toro y quienes estuvieron involucrados en su desaparición forzada fueron agentes estatales. A lo anterior se suma que hasta el momento el Estado no ha proporcionado una explicación satisfactoria sobre su paradero", indica la sentencia de la CorteIDH.
La CorteIDH encontró al Estado responsable por la violación a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal en perjuicio de Tabares Toro.
El Estado es responsable también por violaciones a las garantías judiciales y a la protección judicial de Tabares y su familia, así como por violaciones al derecho a conocer la verdad, a la integridad personal, a la protección de la honra y la dignidad, a la protección de la familia y a los derechos de la niñez en perjuicio de los familiares de Tabares.
En la sentencia, la CorteIDH ordena al Estado colombiano realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, continuar las investigaciones y el proceso legal en curso para esclarecer el caso, y reforzar las labores de búsqueda de Tabares.
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El Estado también deberá pagar indemnizaciones a la familia de Tabares y desarrollar un documental sobre el caso, divulgarlo públicamente, incluso en los centros de formación militar.
Durante la audiencia por este caso ante la CorteIDH, celebrada en noviembre pasado, el Estado reconoció su responsabilidad y aceptó que no se había llevado a cabo una investigación seria, diligente y en un plazo razonable para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y dar con el paradero de Tabares.
En esa audiencia, el Estado también se comprometieron a cumplir las medidas de reparación de la Corte Interamericana y a buscar un acercamiento con la familia de Tabares para reparar en lo posible el daño.
