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La FM conoció las audiencias que desarrolló la Procuraduría en el caso Centros Poblados para concluir si hubo o no fallas disciplinarias de parte de los funcionarios del Ministerio de la Tic, encargados del proceso de contratación para conectar aulas en varias zonas del país. En las audiencias fueron interrogados, por el procurador delegado y por otros abogados de las partes, los testigos Jorge Molina y Juan José Laverde, ambos desde prisión.
Molina es quien consiguió la garantía bancaria con la que la Unión Temporal logró hacerse el contrato de Centros Poblados. Esa garantía falsa del Banco Itaú con la que se aseguraban los recursos desembolsados del contrato fue enviada por Molina a Juan José Laverde de agencias Rave por WhatsApp.
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En el interrogatorio, Molina asegura por primera vez que él recibió 120 millones de pesos para conseguir la garantía. “Como le comento para este tema de Min tic me giraron 120 millones. En varias ocasiones se destinó a la señora Jineth Bautista, en otras ocasiones se me trasladó a mi y en otras a Enrique López. Yo tenía con Juan José Laverde muchos más negocios; estábamos haciendo unos colegios en Putumayo; otras obras en Caldas y recibimos más recursos. Pero por este concepto fueron 120 millones”, agrega Molina.
Contrastando sus versiones hay elementos que parecen incongruentes con lo que el propio Molina ya le había dicho a la Fiscalía. Allí, este aseguró que en un momento Carlos Enrique López, otro de los puentes para conseguir la garantía, llamó a Emilio Tapia, con quien Molina había tenido reuniones personales en lujosas casas en el Poblado y Barranquilla, para amenazarlo y decirle que necesitaba el pago total de 500 millones de pesos por la gestión de la garantía.
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El abogado Jorge Pino Ricci, que realizó el interrogatorio, también le hizo preguntas al testigo Juan José Laverde con el fin de determinar si todos los socios de Centros Poblados tenían pleno conocimiento de que el documento enviado a Laverde era falso o si, por el contrario, creían que genuinamente Itaú lo había certificado.
“En principio todos los comentarios y el contexto que entregaba el señor Jorge Molina podía de alguna manera hacer creer que él tenía la debida diligencia con el banco, pero también había una zona gris en la cual nosotros no nos percatamos en su momento. No se envió ningún tipo de información de las empresas beneficiarias del cupo de la garantía, los horarios de los envíos de as garantías, los tiempos, las formas de pago porque nunca se realizó ningún pago al banco, nunca se tuvo contacto con nade directamente del banco”, dijo Laverde.
El testigo agregó que la credibilidad inicial de Molina hacía creer que la gestión era real. Sin embargo, sí hubo elementos que a los socios los hizo dudar en lo que Laverde consideró una “zona gris”.
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De las declaraciones también queda claro que a Molina lo buscaron por su experiencia como empresario en el sector de la construcción y, especialmente, porque tenía un predio suyo avalado en alrededor de 400.000 millones que le permitía hacer este tipo de gestiones ante los bancos y otras entidades financieras.
En ambos interrogatorios los testigos afirmaron nunca haber conocido ni tenido ningún tipo de relación con los funcionarios del MinTic que son investigados por la Procuraduría. De las respuestas queda la pregunta sobre en dónde está Carlos Enrique López, quien se escapó cuando la Fiscalía empezó a realizar los operativos y que es pieza clave en la historia de las garantías en vínculo con Molina.
