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Desde Cartagena, este jueves 24 de abril el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, reiteró la advertencia sobre graves riesgos fiscales y sociales tras posible terminación anticipada de contrato de restauración del Canal del Dique.
La Contraloría General de la República reiteró su advertencia sobre los significativos riesgos fiscales y sociales que implicaría la terminación anticipada del contrato de concesión para la “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”.
En medio de una declaración a medios de comunicaciones, desde el Muelle La Bodeguita, en la capital de Bolívar, emitido tras una visita de seguimiento a la advertencia formal enviada en noviembre de 2024 a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el contralor general alertó sobre el potencial pago de $434.000 millones al concesionario en caso de terminación anticipada por causas no imputables a este.
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El contralor señaló que, en caso de concretarse este escenario, la Nación no recibiría a cambio la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique ni las demás obras y actividades previstas en el contrato.
Adicionalmente, advirtió sobre el alto riesgo social y fiscal de dejar expuestas a inundaciones aproximadamente 200.000 hectáreas y al millón y medio de habitantes de los 19 municipios ubicados en la zona de influencia del Canal del Dique, especialmente ante los severos inviernos pronosticados por el cambio climático.
"Necesariamente me representa una alerta el hecho de que en caso de una terminación anticipada del contrato de concesión por causas no imputables al concesionario se haya previsto pagar una suma que puede ascender a 434 mil millones. Este escenario sí lo considero profundamente grave y todavía más agravado sí se considera que la nación no habría recibido a cambio la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique ni la ejecución de las demás actividades y obras previstas", pronunció el funcionario Rodríguez.
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La Contraloría también alertó sobre el incremento en la degradación ambiental del Canal del Dique debido al ingreso incontrolado de sedimentos a los cuerpos de agua, así como la pérdida de casi $213.000 millones destinados a gestión social, institucional y ambiental en los municipios del área de influencia, y la inversión ya realizada de cerca de $11.000 millones en las 17 consultas previas protocolizadas.
A pesar de los riesgos advertidos, el contralor general considera que aún pueden ser gestionados y resueltos, proponiendo cuatro posibles soluciones para avanzar hacia la etapa de construcción del proyecto.
Estas incluyen la suscripción de una modificación contractual para formalizar el Estudio de Impacto Ambiental ordenado por la ANLA; evaluar jurídicamente la exclusión de licenciamiento ambiental para algunas unidades funcionales; optimizar el proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental; y garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales restantes por parte del concesionario.
La Contraloría insistió en la urgencia de tomar medidas inmediatas para evitar la terminación anticipada del contrato, lo que tendría graves consecuencias fiscales, sociales y ambientales, y subrayó la importancia de una gestión coordinada para asegurar la viabilidad del proyecto y el bienestar de la región.
