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La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) se refirió a las denuncias divulgadas por Noticias Caracol sobre supuestos vínculos entre integrantes del Ejército, funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y estructuras armadas ilegales.
La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, afirmó que lo revelado plantea inquietudes que requieren respuestas rápidas por parte de las autoridades.
“No hay cabida para el silencio”, dijo. “Las denuncias sobre presuntas fallas de inteligencia del Ejército y de la Dirección Nacional de Inteligencia frente a organizaciones al margen de la ley son gravísimas”, señaló.
“Es urgente que se aclaren los señalamientos y se adopten medidas inmediatas”. Según Lacouture, la situación exige decisiones institucionales que protejan la credibilidad de los organismos del Estado.
“La confianza en la Fuerza Pública y en la Justicia es pilar de nuestra democracia”, sostuvo.
Contexto
Horas antes de la declaración de AmCham Colombia, Noticias Caracol divulgó una investigación que apunta a una presunta infiltración de estructuras disidentes en sectores del Estado.
La información reconstruye documentos, comunicaciones y material incautado a uno de los frentes de las disidencias, en los que se habla de contactos con miembros activos de la Fuerza Pública y de la inteligencia estatal. La investigación señala al general Juan Miguel Huertas, jefe de comando de personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, directivo de la DNI, como presuntos enlaces con ese grupo armado.
Un integrante de la disidencia entrevistado para la investigación habló de encuentros, intercambio de información reservada e incluso del uso de vehículos oficiales para trasladar integrantes del grupo armado fuera de zonas bajo presión militar.
La publicación también hizo referencia a supuestos planes para constituir empresas de seguridad fachada y a la llegada de un empresario extranjero a campamentos guerrilleros con fines comerciales, relacionados con armas y extracción ilegal de oro.
Según lo revelado, gran parte del material probatorio habría llegado a la Fiscalía en julio de 2024, tras la detención en Antioquia de una caravana en la que viajaban jefes de esa estructura armada. Sin embargo, sectores políticos y analistas han cuestionado que, más de un año después, no se conozcan avances procesales en ese expediente.
En redes sociales se han divulgado mensajes en los que se exige el retiro de la fiscal general Luz Adriana Camargo y del presidente Gustavo Petro. En algunos de ellos se afirma que:
“Pedir la renuncia del Presidente y de la Fiscal General no es un ejercicio retórico, es un primer paso necesario para permitir que se investigue sin interferencias políticas (…)”, sostuvo.
Mientras tanto, distintos sectores reclaman definiciones institucionales frente a las denuncias reveladas y advierten que la falta de acciones podría profundizar la desconfianza ciudadana.
