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La Fiscalía, Contraloría y Procuraduría General indagan la celebración de un contrato celebrado por la Gobernación del Arauca para entregarle mercados a las personas de escasos recursos que se han visto afectadas por la cuarentena decretada para prevenir el contagio del coronavirus.
El contrato, que tuvo un valor de cinco mil millones de pesos para la adquisición de 30 mil kits de mercado, presenta una serie de sobrecostos frente a los precios normales de estos productos de la cadena básica familiar.
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La Gobernación de Arauca, por medio de sus redes sociales, justificó el aumento del valor de los productos asegurando que el contrato incluye los trámites de la entrega de dichos mercados a las personas de bajos recursos del departamento.
"Los costos se elevan porque el operador debe llevar los kits a cada una de las familias del departamento de Arauca. Es importante aclarar toda la tasa impositiva que deben deducirse de esos contratos", precisó la Gobernación.
Funcionarios de la Fiscalía y la Procuraduría General están evaluando la contratación para verificar si existieron irregularidades e identificar a las personas que habrían incurrido en estas fallas de tipo penal, disciplinario y fiscal.
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Como este, son 2.017 contratos por un valor de 80 mil millones de pesos, que están en mira de las autoridades por las presuntas irregularidades que se habrían presentado para la entrega de mercados y elementos de primera necesidad.
El procurador General, Fernando Carrillo señaló que se están adelantando investigaciones para verificar si existieron o no fallas en los contratos que se firmaron en alcaldías y gobernaciones relacionados con los mercados y ayudas para la población pobre.
De presentarse una falla se ordenará la suspensión de la ejecución de los contratos y se adelantaran las pesquisas necesarias. “Robarse los recursos de los pobres es un delito, se suspenderán a los funcionarios que han estado implicados en estas vagabunderías, todos estos que no tienen escrúpulos para quedarse con los recursos de los más pobres”.
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En las primeras inspecciones se pudo establecer que se habrían presentado irregularidades en ocho mil millones de pesos, es decir, compras que no tienen justificación o cuyos valores estarían sobredimensionados.
En un contrato firmado en el municipio de La Palma (Cundinamarca) se encontró que talleres mecánicos y empresas encargadas de fiestas y banquetes fueron contratadas para repartir los mercados.
Otra de las líneas de investigación está dirigida a la repartición de estas ayudas como una forma de acto político para conseguir apoyo en las urnas en un futuro no muy lejano.
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Los contratos firmados por las gobernaciones del Meta, Cesar, Atlántico, San Andrés están ya en la mira de las autoridades, así como los firmados por las alcaldías municipales de Acacias y Puerto Gaitán (Meta); Malambo y Soledad (Atlántico), de Cúcuta (Norte de Santander) y La Palma, Guaduas y Melgar (Cundinamarca).
